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Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) ha revelado su preocupación por la delincuencia organizada que se aprovecha de la laxa supervisión de los centros de enseñanza superior no regulados de Inglaterra, que estarían beneficiándose de fraudes en los préstamos a estudiantes por valor de 60 millones de libras. El informe destaca casos de fraude y abuso en proveedores privados de enseñanza superior que ofrecen cursos en colaboración con universidades convencionales. Algunos proveedores supuestamente inscriben a estudiantes con poco interés en completar los cursos para acceder a préstamos de mantenimiento respaldados por el gobierno, lo que les reporta sustanciosos beneficios económicos a través de las cuotas de matrícula y franquicia.

Un estudio revela que un número significativo de universidades del Reino Unido sigue aceptando millones en efectivo para pagos de matrícula y alojamiento, lo que las hace vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales. Alrededor de veintidós universidades seguían aceptando pagos en efectivo, con un total que alcanzaría los 12 millones de libras en 2019-20. La investigación destaca la preocupación por el hecho de que no se sigan estrictamente las directrices contra el blanqueo de capitales y de que las universidades no informen sobre actividades sospechosas, lo que puede poner en peligro al personal y a los estudiantes. El estudio pide una legislación más estricta para hacer frente a estas vulnerabilidades.