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Para combatir la falsificación de certificados en la enseñanza superior, Libia se unió al Sistema Árabe Unificado de Autenticación de Certificados basado en Blockchain. Esta iniciativa, encabezada por la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO), ofrece un método fiable para verificar los títulos académicos. Los expertos abogan por sistemas similares en toda África para reforzar las prácticas de contratación y garantizar la credibilidad de las credenciales. Sugieren aprovechar la tecnología blockchain y colaborar con organizaciones internacionales para una implementación generalizada.

Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

Un profesor de la Universidad de Fort Hare se enfrenta a acusaciones por no haber resuelto el tema del plagio en las tesis de nueve estudiantes de posgrado bajo su supervisión. Un informe confidencial revela que sabía del plagio, pero sólo aconsejó a los estudiantes a que lo "disimularan". Esto ha suscitado inquietudes sobre el compromiso de la Universidad con las normas académicas y ha engendrado dudas sobre la calidad de la supervisión. A pesar de los resultados, el profesor sigue trabajando, lo que lleva a debate.

El Secretario General del Partido Republicano Turco (CTP) destacó la importancia de la investigación en curso sobre el escándalo de los diplomas falsos y sus implicaciones para la corrupción en los altos círculos burocráticos y políticos. Promete el compromiso del CTP en la supervisión del proceso y el trabajo para mejorar la eficacia de organismos reguladores como el Consejo de Planificación, Evaluación, Acreditación y Coordinación de la Educación Superior YÖDAK, con el fin de mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en las instituciones de enseñanza superior.

La Junta de Educación Intermedia y Secundaria de Baluchistán (BBISE) está llevando a cabo una campaña para erradicar las trampas en los exámenes SSC. Se están desplegando equipos de vigilancia por toda la provincia para garantizar la imparcialidad a los 143 000 estudiantes de 430 centros, además de inspeccionar las instalaciones e implementar sistemas digitales de asistencia para preservar la integridad del examen. Esta iniciativa marca el inicio de una reforma de la educación y señala el compromiso con la honradez y la ardua labor, al tiempo que rechaza claramente las trampas.

La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi instauró una amplia normativa sobre integridad académica. Estas normas se aplican a todos los miembros de la comunidad universitaria, entre ellos funcionarios, empleados públicos, profesores y estudiantes. La Decisión 12160/QD-DHBK subraya la importancia de respetar las ideas de los demás, evitar el plagio y cumplir las normas éticas en la investigación científica. Prohíbe la compra y venta de resultados de investigación y prohíbe el abuso de poder o de recursos para obtener ventajas injustas en las tareas de investigación. La universidad también aplica normas de integridad en las colaboraciones de investigación y formación, y garantiza el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual.

Las universidades británicas y los proveedores de itinerarios privados para estudiantes internacionales se enfrentan a acusaciones por admitir a estudiantes extranjeros con requisitos de acceso inferiores a los de sus homólogos nacionales. Esto ha suscitado preocupación por la equidad y la transparencia en las prácticas de admisión, ya que los estudiantes extranjeros pagan a veces hasta 38 000 libras (48 000 dólares) de matrícula, frente a las 9 250 libras (11 700 dólares) que pagan los estudiantes británicos. La controversia pone de relieve cuestiones como los programas International Year One y el papel de los agentes en la selección de estudiantes, lo que suscita llamados en favor de enfoques más éticos y un mayor control en el criterio de selección de estudiantes internacionales.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.