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El ministerio de educación no ha tomado ninguna acción en contra de profesores y otros funcionarios de educación identificados como culpables de falta de ética profesional después de varias comisiones investigadoras llevadas a cabo a lo largo de los años. Entre los incontables problemas que se han descubierto a partir de dichas investigaciones se encuentran aventuras amorosas entre alumnas y profesores y un mal uso de material cuyo destino era mejorar la calidad de la educación.

El director de una escuela secundaria ha permitido finalmente que la oficina regional de educación lleve a cabo auditorías internas que revisen los libros de cuentas del colegio de donde se informó que faltaba dinero. Aparte de prohibirles la entrada a la escuela a los auditores, el director del centro les amenazó con tomar medidas legales contra ellos.

Legisladores del Estado de Ondo han aprobado una pena de cárcel de entre tres y cuatro años o bien una multa para aquellos directores que lleven a cabo malas prácticas durante los exámenes en colegios públicos. Cualquier candidato que abandone la sala de examen con la intención de copiar o beneficiarse de forma ilícita corre el riesgo de pagar una multa y/o ser enviado a prisión por un periodo de hasta tres años.

Un auditor ha sido acusado de haber maquillado las cuentas para ayudar a ocultar el robo de más de 11 millones de dólares. Las acusaciones implican al superintendente de distrito por el robo de más de 2 millones de dólares, al superintendente adjunto, por apropiación indebida de 4 millones de dólares, y a un ex empleado de contabilidad de la escuela, por el robo de 780.000 dólares. El dinero se estaba destinando a la compra de obras de arte, joyas, viajes al extranjero e hipotecas de viviendas. El escándalo ha desencadenado un cambio radical en la forma de auditar las finanzas de los centros escolares en todo el estado.

La Asociación Nacional de Ghana de Escuelas Privadas (en inglés The Ghana National Association of Private Schools - GNAPS) acusa a algunos directores de escuelas privadas de cobrar cuotas muy altas a pesar de las ya aprobadas cuotas escolares por el Ministerio de Educación, según la clasificación de la escuela. El nivel de las cuotas de matrícula viene contemplado en la constitución y, según la GNAPS, tanto las escuelas públicas como privadas deberían respetarlo.

No se ha tomado ninguna medida contra una escuela acusada de malversar más de 7 millones de chelines que se suponía iban a ser para comprar un autobús. Durante los últimos siete años no se ha realizado ningún informe de auditoría en la escuela puesto que el director del centro no ha presentado las cuentas.

El West African Examinations Council afirma que no ha registrado ningún caso de fraude en los exámenes durante los últimos cinco años. También negó tener conocimiento de la existencia de "centros especiales de examen". Se alegaba que esos centros habían sido creados por algunos directores y propietarios de escuelas secundarias para beneficiar a sus candidatos, quienes son obligados a pagar derechos de escolaridad más altos que los fijados oficialmente por el WAEC. Se sostiene que el dinero se utiliza para influir sobre funcionarios del consejo a fin de facilitar las preguntas de los exámenes a esos centros antes de la fecha oficial del examen.

El sistema se presta al abuso porque no hay medidas de verificación y de calidad por parte del Ministerio de Educación de los registros, notas y resultados. La consecuencia es que directores deshonestos recolectan pagos de derechos por los exámenes pero no los registran, afirmó la Kenya National Association of Parents (Asociación Nacional de Padres de Familia)

El costo del funcionamiento de las escuelas podría disminuir en 40%, si se erradicara la corrupción. Más aún, si el estilo de vida del director está más allá de lo que es dable esperar de su puesto, hay que denunciarlo. Esto podría suscitar una caza de brujas, pero es lo que se practica efectivamente en los países escandinavos, que son los menos corruptos del mundo.