El Secretario General del Partido Republicano Turco (CTP) destacó la importancia de la investigación en curso sobre el escándalo de los diplomas falsos y sus implicaciones para la corrupción en los altos círculos burocráticos y políticos. Promete el compromiso del CTP en la supervisión del proceso y el trabajo para mejorar la eficacia de organismos reguladores como el Consejo de Planificación, Evaluación, Acreditación y Coordinación de la Educación Superior YÖDAK, con el fin de mejorar la gobernanza y la rendición de cuentas en las instituciones de enseñanza superior.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

La Universidad de Johannesburgo (UJ) es la primera institución terciaria sudafricana que utiliza la tecnología blockchain como medida de seguridad adicional para proteger sus certificados contra alteraciones o falsificaciones. El Director de la Administración Académica Central pide a todas las instituciones terciarias que mejoren en forma conjunta la integridad de sus certificaciones y permitan que las empresas instauren un sistema de verificación de certificaciones sencillo y sin costo alguno, lo que ayudará a evitar el fraude en los certificados y a frenar la falsificación.

Los ministros de Educación Superior de Camerún han revelado que la Universidad Americana privada de África Central es una universidad clandestina, que funciona sin autorización, y ha aconsejado a los padres de los estudiantes que permanezcan atentos. En 2020, el ministro ya había ordenado al Centro Regional Africano de Formación para la Administración del Trabajo, al Instituto Panafricano para el Desarrollo y al Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Bamenda que dejaran de conceder títulos, y suspendieran todos los programas de máster y doctorado por incumplimiento de las condiciones de acreditación que se les había concedido.

Tras la detención de un profesor de la Universidad de Kigali por presunta falsificación de documentos académicos, el Consejo de Educación Superior de Ruanda (HEC), decidió retirar el reconocimiento de los títulos de doctorado obtenidos en la Atlantic International University (AIU) de Estados Unidos. La universidad cuenta con una acreditación de una agencia educativa internacional independiente con sede en el Reino Unido, sin embargo, el HEC la desestimó por no ser una agencia gubernamental encargada de la acreditación en el Reino Unido o en otros países.

Según el jefe de la Agencia de Garantía de Calidad de la Educación Superior (QAA), las fábricas de ensayo se han convertido en un “asunto de salud y seguridad pública”, afectando a toda la sociedad. Si los estudiantes hacen trampa en sus licenciaturas, habrá personas que entran a las profesiones cuando no están calificadas para realizar el trabajo que se requiere. Esta práctica se está extendiendo a estudiantes de sexto grado que buscan a las fábricas de ensayo para completar sus trabajos escolares.

Se recomienda a los granadinos que estén buscando una institución de enseñanza superior en línea que visiten la Junta Nacional de Acreditación de Granada para asegurarse de que la institución está acreditada para ofrecer certificación académica. Según un responsable de garantía de calidad, el sistema de garantía de calidad es necesario.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.