Según los informes de la Oficina Central de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito (OCLEI) y de la Oficina del Auditor General (BVG), el sector de la educación en Malí se enfrenta a una serie de malversaciones financieras. Las subvenciones anuales del Estado a las escuelas privadas ascienden a 49 600 millones de FCFA, pero se han detectado irregularidades financieras por valor de más de 19 744 millones de FCFA. Se han cuestionado prácticas dudosas, tales como la atribución de subvenciones a establecimientos no conformes, la emisión de órdenes falsas y pagos irregulares.