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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.