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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El PNUD y Nazaha de Arabia Saudí lanzaron una iniciativa mundial para medir la corrupción durante la 10.ª sesión de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde el 2023 hasta el 2027, su objetivo será el de desarrollar indicadores basados en pruebas con un enfoque de múltiples partes interesadas, con el apoyo de Arabia Saudí. La asociación pretende hacer un seguimiento de los avances, ofrecer recomendaciones sobre políticas y ayudar a los países a alcanzar los objetivos de lucha contra la corrupción vinculados al ODS 16. Aborda las lagunas de datos identificadas en el Informe Mundial sobre el Avance del ODS 16.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (PCCB) y la Autoridad de Control y Aplicación de Drogas (DCEA) se unieron recientemente para combatir la corrupción y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Firmaron en Dodoma un pacto titulado "Eliminar la corrupción y las drogas ilícitas en las escuelas e instituciones de aprendizaje superior". El memorando se centra en el intercambio de información para prevenir estos vicios y tiene por objeto desalentar la participación de los jóvenes en la corrupción y el uso indebido de drogas. La PCCB ha creado 7.000 clubes anticorrupción en escuelas e instituciones de enseñanza superior del país.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

Un docente que trabajaba en una escuela de Pune se dirigió a la Oficina Anticorrupción (ACB por sus siglas en inglés) denunciando que dos funcionarios contables del departamento de educación estatal le habían exigido un soborno de 6.000 rupias para verificar documentos relativos a la fijación de salarios con arreglo al Sexto y Séptimo régimen de la Comisión de Salarios. La ACB los detuvo, y se registró un primer documento informativo en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.

En virtud de las nuevas medidas aprobadas sobre la integridad académica para sus candidatas y candidatos, la totalidad de los miembros del Partido Democrático Progresista (DPP por sus siglas en inglés) que se presenten a las elecciones tendrán que enumerar sus títulos y firmar una declaración de ética académica en la que declaren que no incurrieron en plagio, falsificación ni escritura fantasma al escribir sus tesis. Esta medida sigue a la revocación de varios títulos de doctorado de miembros del DPP por acusaciones de plagio.

Muchos solicitantes de empleo intentan asegurarse una plaza haciendo trampas en los exámenes, incluida la compra de hojas de examen, o pagando a otra persona para que haga la prueba en su nombre. La policía detuvo en Udaipur un autobús que se dirigía a un centro de exámenes y en el que viajaban profesores y candidatos. Se descubrió que cuatro profesores de escuelas públicas estaban resolviendo preguntas para al menos 20 candidatos. Se detuvo a 48 personas y el proceso de examen fue cancelado. Desde 2018, al menos 12 campañas de selección han sido canceladas en el estado después de que se filtrara el examen.

El Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para hacer frente al aumento de casos de acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior nigerianos. La ley prevé penas de prisión de hasta 14 años para cualquier académico culpable de conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las mujeres egresadas de instituciones de enseñanza superior nigerianas sufrieron acoso sexual en la escuela por parte de sus pares y docentes. Esto demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior de Nigeria para controlar las actividades de docentes y estudiantes.

La nueva legislación de Ontario prohibirá los acuerdos de confidencialidad para que los docentes no puedan ocultar un historial de conducta sexual inapropiada al postularse en otras universidades o facultades. Además, otorgará a los centros de enseñanza el derecho a despedir al personal que haya abusado de un estudiante e impedirá que vuelva a ser contratado.