Aquellas universidades extranjeras que ofrezcan grados universitarios en Kenia sin acreditación serán multadas con una cantidad de al menos 10 millones de chelines kenianos y sus promotores serán enviados a tres años de prisión bajo el amparo de una nueva ley dirigida a salvaguardar los estándares educacionales. La Comisión para la Educación Universitaria (CUE por sus siglas en inglés) reemplazará a la Comisión de la Educación Superior en la supervisión del nivel educativo de la universidad.

El gobernador del estado de Níger ha lanzado una llamada al Consejo de Registro de Profesores para dar un paso más en el registro de profesores cualificados y hacer respetar una ética básica para los profesores, tal y como se está haciendo en otras profesiones. Un representante de Directores de Escuelas Secundarias de Toda la Confederación de Nigeria (ANCOPSS por sus siglas en inglés) también afirmaba que la enseñanza podría llegar a ser una profesión respetada solo si se consiguiera un estándar ético.

El presidente interino de la Comisión Independiente para Prácticas Corruptas (en inglés Independent Corrupt Practices Commission - ICPC) ha centrado la atención de la comisión en depurar el sistema universitario de Nigeria de la amenaza de la corrupción contando con la cooperación y colaboración de la Comisión Nacional de Universidades (en inglés National Universities Commission - NUC). Esto supondrá un complete estudio del sistema y la revisión de las instituciones del país.

La Comisión Independiente para Prácticas Corruptas y Otras Faltas Relacionadas en colaboración con la Comisión Nacional de Universidades, NUC por sus siglas en inglés, tiene la determinación de arrojar luz a todas las prácticas corruptas dentro de las universidades nigerianas después de haber recibido una cadena de peticiones desde la comisión anticorrupción. Entre los abusos destacados se incluyen los procesos de admisión, comportamiento en los exámenes, nombramientos y ascensos de miembros del personal, y manipulación y falsificación de documentos académicos, como por ejemplo expedientes.

Un constante fortalecimiento del control financiero y una política de tolerancia cero hacia la mala administración y la corrupción por parte del Ministerio de Educación han llevado a que la Comisión Anticorrupción (ACC por sus siglas en inglés) lleve a cabo una investigación sin precedentes. Una serie de medidas reforzadas dentro del ministerio dejaron al descubierto incidentes sospechosos donde se percibía la posibilidad de que compañías de dudosa procedencia se estuvieran beneficiando de la adjudicación de contratos del ministerio.

Transparencia Internacional en Ruanda (TI-Rw) ha emitido un informe según el cual confirma que efectivamente se han utilizado los fondos asignados para un programa de educación básica para niños de 9 años (9YBE). Sin embargo, el informe detectó ciertos retrasos en el desembolso y que no se habían respetado las pautas marcadas por la orden ministerial.

Se intensifican las investigaciones realizadas en alegaciones de un mal uso de fondos del gobierno holandés en la principal universidad de Uganda. El rector de la Universidad de Makerere está siendo interrogado en relación con 810.000 euros desaparecidos. Y no es la primera vez que se interroga a la mayor administración académica del país en cuanto al paradero de algún dinero recibido.

Según un riguroso estudio que lleva por título Provisión Efectiva de los Servicios Públicos en el Sector de la Educación, el progreso conseguido en el sistema educativo de Mozambique en los últimos veinte años se está viendo amenazado a causa del desvío de fondos, fraude relativo a la admisión escolar y la concesión de contratos de obras de construcción, así como por casos de extorsión sexual a cambio de buenas notas. Los autores de la investigación subrayan la urgente necesidad de implementar una legislación contra la corrupción.

Los hallazgos encontrados por paneles de inspectores en universidades federales de Nigeria han salido a la luz pública, junto con un libro blanco en el que se les da una respuesta. Los informes acusan a líderes y consejeros de la mayoría de las 26 universidades de abusar de su autonomía, y puede que algunos rectores pierdan el trabajo por saltarse deliberadamente los estatutos de la universidad.

Kenia ha hecho pública una nueva normativa y ha advertido a más de 200 instituciones acerca de las medidas enérgicas que se van a tomar contra 21 gestores que se enfrentan a cargos penales por operar escuelas universitarias ilegales, habiendo ya cerrado 63 de ellas a lo largo del último año. Dicha acción sigue los pasos de los planes del gobierno para financiar a las instituciones en un sector tan clave como es el de la educación, para ayudarles a hacer frente a la alta demanda de universitarios bien capacitados.