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Hace poco el vicegobernador de Delhi concedió permiso a la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción para llevar a cabo una investigación contra cuatro subdirectores activos y jubilados de escuelas públicas de Delhi dependientes de la Dirección de Educación que supuestamente pagaron salarios en nombre de "profesores invitados fantasma". Una auditoría realizada en el 2018 dictaminó que se pagaban salarios a personas que no trabajaban para la escuela, incluida la esposa de un vicedirector.

La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Especial contra 11 personas por malversar una enorme cantidad de dinero del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) para llevar a cabo programas de formación docente. La administración de la escuela y los funcionarios del CETP se confabularon para malversar fondos estatales presentando facturas falsas, incluso por instancias de capacitación nunca realizadas.

El informe de Corruption Watch titulado "Haz sonar la alarma" revela formas escandalosas de corrupción en el sector educativo: malversación generalizada de recursos, actos de soborno, sextorsión, abuso de autoridad, así como irregularidades laborales. Entre 2012 y 2021, desde el nivel primario hasta el terciario, se registraron más de 3.600 denuncias de alumnos, estudiantes, padres y tutores, que representan el 10% del total de denuncias recibidas.

El Departamento de Justicia informa que dos funcionarios de educación han sido condenados a prisión tras declararse culpables de realizar inscripciones de manera fraudulenta en escuelas virtuales y luego reclamar para sí el dinero de los fondos públicos. Los distritos recibían pagos del Fondo Fiduciario para la Educación de Alabama como si los estudiantes asistieran a escuelas públicas, mientras que los acusados se apropiaban del dinero estatal en forma indebida mediante pagos directos en efectivo y pagos a terceros contratistas, cuyos dueños resultaron ser cómplices.

La nueva agencia nacional de evaluación y acreditación de instituciones de enseñanza superior y centros de investigación de Túnez, pretende reforzar la competitividad de las universidades del país y desarrollar un sistema de investigación de calidad internacional. Sin embargo, el Sindicato de Profesores Universitarios Tunecinos ha criticado la creación de la agencia y ha pedido al Ministerio que sea transparente y explique cómo se financiará este organismo, a qué costo para los contribuyentes, y qué mecanismo de rendición de cuentas se utilizará para frenar el despilfarro de dinero público y el nepotismo.

Las partes interesadas en la educación critican la decisión del Gobierno Federal (FG) de gastar 999 millones de nairas a los alumnos de las escuelas primarias públicas en el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar en Casa. Las investigaciones revelaron que algunos estudiantes negaron la existencia del programa, mientras que los vendedores de alimentos afirmaron que el programa se había convertido en un medio para que los funcionarios públicos malversaran los fondos públicos, ya que no recibieron lo que el gobierno les había prometido.

Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

Para evitar la fuga de fondos, la Universidad de Nairobi ha introducido un sistema integral de gestión de profesores, que garantizará que sólo los estudiantes activos se presenten a los exámenes y tengan sus notas registradas. Se han dado de baja a más de 30,000 estudiantes inactivos.

Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.