Página de búsqueda

Tras siete meses de investigación, se ha descubierto que un buen número de universidades de Chile se encuentran operando de manera ilegal como negocios con fines lucrativos. Entre los descubrimientos realizados por este informe dirigido por un comité especial de investigación se encuentran los siguientes: ocho universidades violaron las leyes existentes que van en contra de la especulación, suben los sueldos de los ejecutivos, circulación de fondos entre empresas bajo una misma propiedad privada y que la externalización de servicios es un medio para generar ingresos.

Según investigaciones llevadas a cabo en Nicaragua, de entre los 3.500 profesores de colegios autónomos que reciben un salario mes a mes, en realidad solo 1.945 de ellos están realmente dando clases. Por lo tanto, al menos 555 salarios se pagan a profesores ficticios o a personas que utilizan en falso (fraudulentamente) los nombres de los profesores.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.

Algunos políticos obligaban a las universidades a contratar a amigos suyos a cambio de la garantía de un flujo constante de fondos. A través de la falsificación de documentos y del soborno a los funcionarios adecuados, el personal de la universidad se aseguraba unas pensiones de jubilación mayores y así se podrían retirar antes de la edad habitual.