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La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

Una encuesta realizada en 2021 por el Ministerio de Educación y Cultura reveló que el 77% de los profesores de Indonesia admitieron que se habían producido casos de acoso sexual en sus universidades, pero el 63% decidió no denunciar los casos a la policía o a otras instituciones pertinentes. Sólo 49 de las 122 universidades han creado grupos de trabajo contra el acoso sexual, en los que participan personal administrativo, profesores y estudiantes. Las sanciones previstas en el decreto incluyen sanciones económicas para las instituciones que no eviten la violencia sexual y el despido o la expulsión de los autores.