Las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Estatal Anticorrupción y de Vigilancia han revelado casos de corrupción en las oficinas del Departamento de Educación, especialmente en relación con el nombramiento de personal docente y no docente en escuelas públicas con subsidio del Estado, el pago de subvenciones para la gestión, la creación de nuevos puestos no autorizados, la fijación de salarios, las prestaciones por jubilación y la concesión de permisos. Desde 2018 se convalidan ilegalmente nombramientos directivos para vacantes inexistentes. Además, hubo un retraso deliberado de solicitudes de puestos aprobados por el Estado en escuelas subvencionadas por falta de pago de sobornos.