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El FBI arrestó al ex secretario de educación junto con otras cinco personas que participaron en una campaña de corrupción pública, de la cual se beneficiaron a costas de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños. El presunto fraude implicaba $15.5 millones de dinero federal, que se gastó entre 2017-2019. El secretario de educación se acusa de otorgar contratos a amigos, sin pasar por los procedimientos regulares.

En el Ministerio de Educación, hay casos de favoritismo, nepotismo y corrupción, están sujetos a auditorías de desempeño; enfocadas a apegarse a las normativas de adquisición del gobierno y gestión de contratación. Según el líder de la oposición, las denuncias se relacionan al mal uso de fondos públicos y a la contratación de personas como consultores, solo por el hecho de estar ”políticamente conectadas”, pero “no están haciendo su trabajo”.

Seis altos funcionarios de gobierno en el Ministerio de Educación han sido relevados de sus funciones debido a corrupciones masivas, abuso de poder, contratos ficticios, y estafa de fondos públicos, desde hace más de 20 años. El presidente, también ha ordenado que el Comité de Contratos de dicho Ministerio sea “disuelto” de inmediato por “mal manejo en el proceso de adquisición de muebles seleccionados para escuelas de primaria en Uganda, bajo el Ministerio de Educación y Deportes”.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB) han comenzado a recolectar pruebas sobre la presunta corrupción y malversación financiera de al menos Rs 4 billones del Programa de Reforma de Educación del Primer Ministro. El PM anterior había otorgado al menos Rs 4 billones para mejorar las condiciones de 423 instituciones federales de educación pública, bajo la jurisdicción de la División de Desarrollo y Administración Capital (CADD) a través del Programa de Reforma de Educación del PM. Ha habido corrupción y malversación en fondos asignados para trabajos de pintura, compra de muebles, y proyectos de construcción y remodelación.

Un constante fortalecimiento del control financiero y una política de tolerancia cero hacia la mala administración y la corrupción por parte del Ministerio de Educación han llevado a que la Comisión Anticorrupción (ACC por sus siglas en inglés) lleve a cabo una investigación sin precedentes. Una serie de medidas reforzadas dentro del ministerio dejaron al descubierto incidentes sospechosos donde se percibía la posibilidad de que compañías de dudosa procedencia se estuvieran beneficiando de la adjudicación de contratos del ministerio.