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La corrupción y la impunidad en el sistema universitario nigeriano tuvieron una repercusión negativa en la gobernanza de las instituciones terciarias federales y en la calidad de la educación que reciben los estudiantes. En un informe reciente, el Proyecto de Rendición de Cuentas y Derechos Socioeconómicos (SERAP) afirmaba que variadas acusaciones de corrupción en las universidades federales -que van desde la concesión injusta de títulos, la inflación de los contratos y los recortes salariales del personal, hasta la contratación de personal no cualificado y el acoso sexual- están ya muy extendidas, y el estado de la mayoría de las estructuras que albergan las distintas facultades y departamentos de estas instituciones es deficiente.

El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.

Un nuevo informe de la Comisión de Servicios Educativos (CES) ha revelado que, desde 2003, 1.000 profesores fantasma figuran en la nómina del Estado. Más de 600 "docentes fantasma" de varios centros de enseñanza secundaria y superior accedieron a la nómina con cartas de nombramiento falsas firmadas por funcionarios, mientras que 400 docentes carecían de licencia para ejercer. Según el informe, en unos pocos centros los docentes nombrados no impartían clase, sino que subcontrataban a docentes particulares para desempeñar sus funciones.

La deshonestidad académica, incluido el fraude en las disertaciones, está aumentando en las universidades de África. Sólo 24 de los 54 países africanos, cuentan con repositorios institucionales. Esto significa que las disertaciones y otras fuentes de información que pueden ser plagiadas solo existen en copias impresas. Según un profesor de Uganda, una forma de eliminar la escritura por contrato es establecer un procedimiento riguroso a lo largo del proceso de escritura y defensa de la disertación. El presidente del Sindicato de Estudiantes de África Meridional cree que pagar a los profesores unos sueldos decentes hará que disminuya el número de personas que se dedican a la escritura fantasma para los estudiantes.

La Comisión Anticorrupción ha acusado a cinco miembros y a un director ejecutivo del consejo de administración de la Universidad Norte-Sur (NSU) de abuso de poder, aumentando sus asignaciones hasta diez veces el porcentaje aprobado y comprando autos de lujo a costa de los estudiantes. Durante más de una década, la NSU ha ofrecido varios programas de Licenciatura en Administración de Empresas sin la aprobación de la Comisión de Becas Universitarias. Según un investigador, la NSU estaba autorizada a inscribir a 50 estudiantes en los programas aprobados de esta carrera, pero inscribió a unos 2.700 estudiantes en un semestre.

Una encuesta realizada en 2021 por el Ministerio de Educación y Cultura reveló que el 77% de los profesores de Indonesia admitieron que se habían producido casos de acoso sexual en sus universidades, pero el 63% decidió no denunciar los casos a la policía o a otras instituciones pertinentes. Sólo 49 de las 122 universidades han creado grupos de trabajo contra el acoso sexual, en los que participan personal administrativo, profesores y estudiantes. Las sanciones previstas en el decreto incluyen sanciones económicas para las instituciones que no eviten la violencia sexual y el despido o la expulsión de los autores.

Un documento sobre la Universidad de Lagos (UNILAG) realizado por el Panel de Visita Presidencial, que investiga asuntos de la UNILAG entre 2016 y 2020, ha revelado que dos de los estados de la Federación de Nigeria, específicamente Lagos y Ogún, perdieron 2.9 billones de NGN (7 millones de dólares), por deducciones brutas del salario de sus empleados durante cinco años por parte de la institución. Los siete miembros del panel detectaron casos de fraccionamiento de contratos y adjudicaciones frívolas

El director de la ahora cerrada Universidad Cristiana de Ruanda y el ex Primer Ministro de Ruanda recibieron una pena de tres años de cárcel y una multa de 892.2 millones de francos ruandeses ($907,000 dólares americanos), después de que se encontrara culpable de emitir cheques sin fondos y de no pagar salarios a su personal docente y administrativo. La Oficina de Investigación de Ruanda también arrestó al ex vicerrector de la Universidad de Kibungo por presunto nepotismo y mala gestión de las finanzas universitarias.