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La Corporación del Fondo Nacional de Educación Superior (PTPTN) lanzó el Plan Institucional Anticorrupción 2022-2024 para apoyar las medidas con miras a fortalecer la gobernanza, la integridad y las medidas anticorrupción. Como organismo dependiente del Ministerio de Educación Superior, la PTPTN se compromete a apoyar los planes del gobierno para crear un entorno libre de corrupción y abuso de poder que pueda poner en peligro la imagen de la organización.

Un funcionario de las escuelas comunitarias de educación básica del sur del Punjab fue sorprendido vendiendo unos 3,500 libros de texto. También chantajeó a profesores de Pakpattan y Okara para que le pagaran entre 1,000 y 1,500 rupias por la entrega de libros en el almacén de material educativo. Según los informes, los profesores se quejaron varias veces a las autoridades educativas competentes, pero no recibieron respuesta.

La Comisión Nacional de Universidades (NUC) de Nigeria, descubrió en Benín instituciones falsas que otorgaban títulos de doctorado después que los estudiantes completaran estudios falsos en menos de un año. Según la NUC, los proyectos académicos y las tesis se vendían por unos 3.000 NGN (unos 7,32 dólares estadounidenses) por ejemplar, y el acoso sexual era frecuente. Muchas de estas instituciones fraudulentas son administradas por propietarios nigerianos que se dirigen a estudiantes de Nigeria, donde las universidades públicas tienen dificultades para acoger a un elevado número de estudiantes cualificados que solicitan la admisión.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Son necesarias reformas para aumentar la transparencia en la gestión de las universidades privadas, que absorben el 80% de los estudiantes universitarios del país. La propuesta de reforma del Ministerio de Educación, que está pendiente de deliberación, reforzaría los poderes del patronato responsable de las decisiones clave de la gestión universitaria y que, según las propuestas del gobierno, estará compuesto únicamente por personas ajenas a la universidad. Se trata de un cambio importante respecto al papel actual del patronato, que facilita el encubrimiento de las malas prácticas