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El Instituto Tecnológico de Monterrey ha sido investigado por expedir diplomas falsos. El Instituto niega las acusaciones y explica que el papel y las firmas utilizadas en los diplomas falsos no coinciden con sus documentos oficiales. 

El video se centra en los casos de titulaciones "piratas" en México, sobre todo de enfermería, medicina y derecho. El informe muestra cómo pueden detectarse por medio de las nuevas tecnologías.

Se han dado casos de corrupción relacionados con la alimentación escolar en el municipio de Santander, en Colombia. El contrato por valor de 30 millones de dólares, destinado a los niños de Santander, se adjudicó a una empresa sin experiencia en cocina ni nutrición.

En España se dan casos de particulares que pagan para obtener diplomas falsos. Un equipo de investigadores se puso en contacto con una empresa especializada en la venta de diplomas falsos para averiguar cómo funciona. Así es fácil convertirse en docente de primaria.

El Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Educación es una plataforma que permite acceder a información detallada sobre centros educativos, instituciones, matriculaciones, contrataciones y otros datos relacionados. En muchos casos, los datos publicados en el sitio están en formato abierto, lo que significa que pueden descargarse y reutilizarse fácilmente.

En México se ha descubierto un desfalco de más de 8 000 millones de pesos. Se trata de un caso de connivencia entre organismos federales y universidades públicas. Este caso de corrupción se documentó gracias a un informe de una ONG. El video pone de relieve la falta de atención de los medios de comunicación y la consiguiente falta de concienciación ciudadana al respecto. 

El video detalla un caso de corrupción en universidades mexicanas que ha sido investigado por una ONG local en México. El caso revela un esquema de malversación de fondos operado por el gobierno federal en colaboración con las universidades públicas, cuyos recursos son desviados a empresas fachada ilegales, lo que resulta en un fraude que asciende a 7 millones de pesos. El auditor subraya la necesidad de sancionar a los implicados en el fraude