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El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

Cadmus, una plataforma informática con sofisticados análisis del aprendizaje que detecta la autenticidad del trabajo de un estudiante ha recibido 600 000 dólares de Breakthrough Victoria, el fondo de inversión del Gobierno del Estado. Los informes muestran una disminución del 76 % en el fraude académico, una experiencia positiva de los estudiantes del 91 % y un aumento del 8,5 % en el rendimiento académico y los índices de aprobados.

El organismo de regulación de la educación superior TEQSA interrumpió el acceso a otros 100 sitios web de fraude académico. Con estas, ya son 250 las páginas web ilegales bloqueadas en virtud de estos protocolos desde agosto de 2022. El organismo también ha desarrollado una serie de recursos para estudiantes y personal. Las leyes antifraude australianas establecen el carácter ilegal de la prestación o promoción de servicios de fraude académico. Las sanciones incluyen hasta 2 años de prisión y multas de hasta 110 000 dólares.

Tras el creciente número de denuncias de mala conducta en las que están implicados ministros y funcionarios públicos, el director general del Departamento de Educación de Queensland ha anunciado una tolerancia cero con el fraude y la corrupción y ha fomentado una cultura de compromiso para trabajar con integridad. Los empleados, profesores y personal del Estado ahora pueden denunciar presuntos casos de corrupción a través de un nuevo portal anónimo en línea.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica