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El expresidente del Sindicato de Personal Académico Universitario (UASU), dijo que el gobierno parece estar renuente a luchar contra la corrupción en universidades públicas de Kenia, las cuales sufren de diferentes tipos de corrupción. Por mucho tiempo, el gobierno no estaba muy interesado en auditar a las universidades hasta recientemente y la mayoría de las universidades no mantenían registros de sus ingresos y gastos. Agregó que la falta de rendición de cuentas entre vicecancilleres proporcionaba un ambiente para que la corrupción afianzara sus raíces.

El gobierno ha organizado una nueva unidad de auditoría que tome medidas en contra de escuelas corruptas. La unidad se conocerá como DSA (Dirección de Auditoría de Escuelas) y tendrá la tarea de examinar el uso de billones de chelines enviados a las escuelas. Según el Secretario Principal de Educación, DSA examinará libros de contabilidad para identificar la fuga de gastos y reportará sus hallazgos al ministerio. Los Directores de las escuelas a los que se les descubra que hayan tomado parte en robos o mal uso de fondos serán forzados a cargar con la responsabilidad.

El gobierno en poder ha auditado escuelas a lo largo y ancho del país y han descubierto abusos masivos de impuestos cobrados a padres y guardianes para supuestamente financiar una infraestructura de desarrollo de aprendizaje. De 1,800 (18%) de las escuelas auditadas hasta el momento, hay indicios que las escuelas han falsificado récords de contabilidad.

Activistas de la sociedad civil de Sierra Leona están trabajando para mejorar la obligación de rendir cuentas. El grupo National Accountability Group (NAG) – la oficina local de Transparencia Internacional – utilizó una Encuesta de Seguimiento del Gasto Público (ESGP) para averiguar qué había sucedido con las ayudas para pagos de matrículas escolares y materiales de aprendizaje designados para un grupo muestra de 28 escuelas de distrito rural.

El director de una escuela secundaria ha permitido finalmente que la oficina regional de educación lleve a cabo auditorías internas que revisen los libros de cuentas del colegio de donde se informó que faltaba dinero. Aparte de prohibirles la entrada a la escuela a los auditores, el director del centro les amenazó con tomar medidas legales contra ellos.

No se ha tomado ninguna medida contra una escuela acusada de malversar más de 7 millones de chelines que se suponía iban a ser para comprar un autobús. Durante los últimos siete años no se ha realizado ningún informe de auditoría en la escuela puesto que el director del centro no ha presentado las cuentas.