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A pesar de las promesas de grandes reformas en la educación hechas por el nuevo presidente, el sistema soviético sigue funcionando. Muchos alegan que los burócratas que participan en la renovación de las escuelas frecuentemente firman contratos dobles con empresas constructoras extranjeras, deliberadamente concebidos para permitir que una gran proporción de los costos que figuran en los contratos desaparezcan. Además, los sobornos se siguen considerando como un segundo prerrequisito para la admisión en la universidad, tras las notas obtenidas en los exámenes de ingreso estandarizados.

Las "fábricas de títulos" ponen trabas a los esfuerzos que buscan asegurar la calidad en la educación superior, una cuestión de relevancia nacional desde hace años que hoy ya es una auténtica preocupación internacional. Como respuesta, el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (CHEA) con sede en Estados Unidos se ha unido recientemente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para crear un grupo informal de expertos en educación superior y aseguramiento/acreditación de la calidad encargado de analizar el problema de las fábricas de títulos.. Entre otras cuestiones, el debate girará en torno a los rasgos y los peligros de las fábricas de títulos, y la forma de frenar ese fenómeno en las políticas nacionales e internacionales

En 2002, el asistente del Jefe de Misión de la Embajada de Liberia inició sus transacciones fraudulentas con propietarios estadounidenses de la fábrica de diplomas de St. Regis. Convinieron en vender acreditaciones de las universidades de Liberia al "St. Regis University" por $ 2.250. Luego decidieron crear otras dos fábricas de diplomas: Robertstown y James Monroe. A fines de 2003, los funcionarios de Liberia bajo su control incluían a diplomáticos de alto nivel en por lo menos dos embajadas, un ministro de justicia, un ministro de relaciones exteriores, dos directores sucesivos de la Comisión Nacional de Educación Superior de Liberia, así como a varios diplomáticos y funcionarios, entre los cuales había algunos del Ministerio de Educación. El servicio secreto de los Estados Unidos finalmente reveló sus malversaciones.

Desde 1955 hasta 2001, las fábricas de diplomas de Nigeria produjeron anualmente alrededor del 15% del total de graduados universitarios del país. En los últimos nueve años se ha desatado una intensa actividad para erradicar las fábricas de diplomas. En 1999, el Consejo Nacional de Educación (CNE) dirigió la clausura de todos los campus nacionales y satélites extranjeros. También se alió con el Department of State Services (el servicio secreto de Nigeria) para localizar, arrestar y enjuiciar a los operadores de universidades y campus satélites no autorizados. Finalmente, ordenó que las universidades autorizadas difundieran plenamente sus programas, que han sido registrados en el Directorio de Programas Autorizados en el Sistema Universitario de Nigeria.

El proyecto de enmienda de la ley de educación propone la creación de un programa de información que permitirá identificar a los profesores que enseñan sin disponer de un certificado o autorización para hacerlo. Asimismo, la ley ofrece una mayor claridad a los consejos escolares de fideicomisarios sobre sus papeles y aumenta la flexibilidad en relación con el período de elecciones de los consejos, la creación de consejos y la conformación de consejos alternativos.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Universidades (CNU) reveló la existencia de 33 universidades ilegales en el país. En mayo, la CNU había declarado que dieciseis de estas instituciones eran ilegales y previno a los nigerianos para que no las frecuentaran. También se declararon iegales los campus satélites, los campus de extension cultural y los centros de estudio sin licencia en todo el país. El órgano regulador de las universidades también declaró que no había autorizado a ninguna universidad foránea para que operara en el país. La CNU dijo que cinco propietarios de ese tipo de instituciones habían sido detenidos y enjuiciados para disuadir a otros.

Aunque el período posconflicto terminó oficialmente en 2006, el Ministerio de Educación aún no es capaz de monitorear eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. El sistema registra profesores que no existen físicamente, profesores que no enseñan ("profesores fantasma") y profesores que reciben salarios de varias escuelas. A mediados de 2006, el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) envío dos expertos a la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación en Freetown, la capital de Sierra Leona, para crear un Sistema de Información para la Gestión de la Educación (SIGE). Este artículo sintetiza los resultados de sus investigaciones.

Desde que asumió sus funciones en el Kremlin el mes pasado, el presidente Medvedev ha hecho una prioridad del combate contra lo que denomina "nihilismo legal" en Rusia. Se ha iniciado una campaña para limpiar las cortes de jueces corruptos y en el sitio en la Web del Kremlin se han publicado cartas del público quejándose de la corrupción. Al informar sobre los resultados en San Petersburgo, el diario Kommersant dijo que 83% de 200 estudiantes de la facultad de derecho habían sido desaprobados en sus exámenes. Se esperaba que algunos que habían recibido nota 2 –la más baja– egresarían con "diplomas rojos" o distinciones. Entre los que habían fracasado se encontraban estudiantes que habían pagado sus derechos de escolaridad.