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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El sector de la enseñanza superior de Nigeria está preocupado por la comercialización de los títulos honoríficos concedidos a personas que no los merecen. A pesar de las directrices de la Declaración de Keffi, esta práctica poco ética persiste, lo que ha motivado la condena del Presidente. Los educadores subrayan la importancia del mérito por encima de las contribuciones monetarias e instan a que se respeten las directrices de la Declaración para devolver la integridad al proceso.

Según la Comisión Anticorrupción de Zimbabue, los incidentes generalizados de sextorsión y fraude académico en las instituciones de enseñanza superior y terciaria del país constituyen una grave amenaza para la integridad de los títulos y diplomas.

El Gobierno polaco ha introducido medidas para combatir la corrupción en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo (NCBiR), entre ellas una mayor supervisión por parte del Ministerio de Ciencia y Educación Superior. Las denuncias de malversación de fondos e irregularidades en la asignación de subvenciones han dado lugar a investigaciones y cambios en el funcionamiento del NCBiR. Además, se están tomando medidas para garantizar una financiación transparente y equitativa de las universidades, con planes para aumentar la financiación de la ciencia y la enseñanza superior.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

Una oleada mundial de artículos de investigación fraudulentos, que el año pasado superó las 10 000 retractaciones, se ha convertido en un escándalo internacional. Con origen en China, el problema se ha extendido a otras regiones, con "fábricas de textos" que producen estudios falsos. Los sobornos pagados a los editores y la infiltración de agentes fraudulentos agravan el problema. Las grandes editoriales están tomando medidas, pero persisten los incentivos económicos para que los investigadores publiquen. La creciente incidencia del fraude científico está erosionando los cimientos de un conocimiento científico fiable, lo que exige soluciones para hacer frente a esta creciente amenaza a la integridad de la investigación.

En los últimos tres años, las sospechas de corrupción en el Departamento de Educación Universitaria de Sindh han dado lugar a investigaciones de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del ala anticorrupción de la Agencia Federal de Investigación. Los problemas incluyen máquinas biométricas sobrevaloradas, contratos cuestionables y transacciones no declaradas. Una comisión de investigación de dos miembros está estudiando las quejas de los profesores. Los casos de corrupción en el departamento de educación universitaria, incluidos los fondos para actividades como bibliotecas digitales y formación docente, siguen sin resolverse.

La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) ha revelado su preocupación por la delincuencia organizada que se aprovecha de la laxa supervisión de los centros de enseñanza superior no regulados de Inglaterra, que estarían beneficiándose de fraudes en los préstamos a estudiantes por valor de 60 millones de libras. El informe destaca casos de fraude y abuso en proveedores privados de enseñanza superior que ofrecen cursos en colaboración con universidades convencionales. Algunos proveedores supuestamente inscriben a estudiantes con poco interés en completar los cursos para acceder a préstamos de mantenimiento respaldados por el gobierno, lo que les reporta sustanciosos beneficios económicos a través de las cuotas de matrícula y franquicia.