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Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

La Junta de Educación Intermedia y Secundaria de Baluchistán (BBISE) está llevando a cabo una campaña para erradicar las trampas en los exámenes SSC. Se están desplegando equipos de vigilancia por toda la provincia para garantizar la imparcialidad a los 143 000 estudiantes de 430 centros, además de inspeccionar las instalaciones e implementar sistemas digitales de asistencia para preservar la integridad del examen. Esta iniciativa marca el inicio de una reforma de la educación y señala el compromiso con la honradez y la ardua labor, al tiempo que rechaza claramente las trampas.

La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi instauró una amplia normativa sobre integridad académica. Estas normas se aplican a todos los miembros de la comunidad universitaria, entre ellos funcionarios, empleados públicos, profesores y estudiantes. La Decisión 12160/QD-DHBK subraya la importancia de respetar las ideas de los demás, evitar el plagio y cumplir las normas éticas en la investigación científica. Prohíbe la compra y venta de resultados de investigación y prohíbe el abuso de poder o de recursos para obtener ventajas injustas en las tareas de investigación. La universidad también aplica normas de integridad en las colaboraciones de investigación y formación, y garantiza el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual.

A medida que las infracciones contra la integridad académica aumentan un 313 %, las universidades modifican sus políticas para hacer frente a las relacionadas con el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA). Los cambios incluyen la reducción de los paneles de conducta y la aceleración de la resolución de casos para mantener la confianza y la responsabilidad, adaptándose al mismo tiempo a los retos tecnológicos. A pesar de la preocupación por la imparcialidad, las universidades subrayan su compromiso con el mantenimiento de las garantías procesales. Los cambios aprobados en el Código de Honor permiten la supervisión, lo que refleja los esfuerzos por abordar los problemas de integridad.

La Comisión de Subvenciones Universitarias (UGC) aboga por una política nacional contra el plagio que defienda la integridad académica y disuada el plagio. El 49.º informe anual de la comisión para 2022 destaca la necesidad de una política de este tipo, dada la ausencia de herramientas eficaces para detectar el plagio en la investigación bengalí y la falta de una política de plagio en las universidades de Bangladesh. La UGC también propone un sistema de "reserva de rectores" para garantizar la transparencia en los nombramientos de vicerrectores, vicerrectores adjuntos y tesoreros, tanto en universidades públicas como privadas.

El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

En los últimos tres años, las sospechas de corrupción en el Departamento de Educación Universitaria de Sindh han dado lugar a investigaciones de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del ala anticorrupción de la Agencia Federal de Investigación. Los problemas incluyen máquinas biométricas sobrevaloradas, contratos cuestionables y transacciones no declaradas. Una comisión de investigación de dos miembros está estudiando las quejas de los profesores. Los casos de corrupción en el departamento de educación universitaria, incluidos los fondos para actividades como bibliotecas digitales y formación docente, siguen sin resolverse.

En Pakistán se necesitan reformas urgentes para proteger la integridad académica e impedir que los marginados sean explotados por quienes detentan el poder. Abundan los casos de profesores, expertos en política y funcionarios estatales jubilados que plagian el trabajo de ayudantes, estudiantes y profesionales noveles. Por ejemplo, en una prestigiosa institución de Islamabad, un profesor plagió el trabajo de un exalumno y colega y eludió las consecuencias gracias al apoyo institucional.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología chino ha publicado nuevas directrices sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en la investigación científica para mejorar la integridad científica y disminuir conductas indebidas. Las normas prohíben el uso directo de herramientas de IA generativa en las solicitudes de financiación de la investigación y exigen un etiquetado claro de los contenidos generados por IA. Las directrices abordan los retos derivados del rápido desarrollo de la IA, haciendo hincapié en la conducta responsable en la investigación.