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Mientras lee esto, cientos de académicos y estudiantes del mundo están sufriendo violaciones de sus derechos profesionales y humanos, violaciones que, las más de las veces, pasan desapercibidas. Este tipo de situaciones discriminatorias no son exclusivas de países con historiales poco brillantes en materia de derechos humanos. Por el contrario, en el mundo después del fatídico 11 de septiembre, hasta en las democracias más transparentes están apareciendo síntomas que son motivo de preocupación. Muchas instituciones y académicos del mundo occidental están sujetos a una infraestructura cada vez más sofisticada de vigilancia, intervención y control.

En Kenya, Tanzania y Uganda se ha encontrado a personas que compran diplomas falsificados en toda suerte de fábrica de diplomas y otras universidades fraudulentas. Esas universidades no tienen existencia física y operan sólo mediante sitios en la Web. La mayoría de las fábricas de diplomas operan desde la Gran Bretaña o los Estados Unidos, donde se asume que los estándares académicos son muy altos. Recientemente, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recolectó una lista de más de 10 mil personas que han obtenido un diploma falsificado de fábricas situada en los EE.UU. Un número significativo de ellos provienen de Sudáfrica, Kenya y Nigeria. Actualmente hay unas 80 fábricas de diplomas conocidas que operan desde los EE.UU. y el Reino Unido.

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2008 de Transparencia Internacional pone de relieve el vínculo fatal existente entre la pobreza, las instituciones fallidas y la corrupción. Sin embargo, otros retrocesos notables registrados en el IPC 2008 indican que la solidez de los mecanismos de supervisión también está en riesgo entre los más ricos. En los países de bajos ingresos, la corrupción desenfrenada pone en peligro la lucha mundial contra la pobreza, que amenaza con descarrilar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM). Según el Informe Global de la Corrupción 2008 de TI, esta corriente de corrupción rampante ascenderían a 50 mil millones de dólares estadounidenses (35 mil millones de euros), o casi la mitad de los desembolsos anuales de ayuda mundial, al coste de la consecución de los ODM en agua y saneamiento.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Universidades (CNU) reveló la existencia de 33 universidades ilegales en el país. En mayo, la CNU había declarado que dieciseis de estas instituciones eran ilegales y previno a los nigerianos para que no las frecuentaran. También se declararon iegales los campus satélites, los campus de extension cultural y los centros de estudio sin licencia en todo el país. El órgano regulador de las universidades también declaró que no había autorizado a ninguna universidad foránea para que operara en el país. La CNU dijo que cinco propietarios de ese tipo de instituciones habían sido detenidos y enjuiciados para disuadir a otros.

En 1999, el ministro de educación federal australiano anunció la creación de una Agencia Australiana de la Calidad de las Universidades (Australian Universities Quality Agency, AUQA). Su misión es auditar las universidades y las instituciones no universitarias. Se ha criticado a la AUQA de "ocuparse sólo de los procesos y no de los resultados" o de que "sólo observa los procesos destinados a lograr la calidad y no la calidad misma". En 2006, la AUQA comisionó un análisis independiente de sus actividades.