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La Oficina de Vigilancia de Punjab ha detenido a cinco funcionarios del Departamento de Educación por cometer irregularidades y uso indebido de losdispositivos de seguridad de los registros oficiales relativos a la contratación de 9 998 puestos en 2007. El fraude salió a la luz tras las denuncias de que muchos candidatos habían presentado documentos falsos, entre ellos, certificados de experiencia falsos. Los funcionarios fueron detenidos mientras la investigación sigue abierta.

Un docente que trabajaba en una escuela de Pune se dirigió a la Oficina Anticorrupción (ACB por sus siglas en inglés) denunciando que dos funcionarios contables del departamento de educación estatal le habían exigido un soborno de 6.000 rupias para verificar documentos relativos a la fijación de salarios con arreglo al Sexto y Séptimo régimen de la Comisión de Salarios. La ACB los detuvo, y se registró un primer documento informativo en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

Un informe del Tribunal Superior de Calcuta muestra cómo la Comisión Central de Servicios Escolares de Bengala Occidental (WBSSC) presuntamente hizo un uso indebido de la Ley de Derecho a la Información (RTI) para facilitar contrataciones ilegales. El presidente de la WBSSC había dado instrucciones a los presidentes de las cinco comisiones regionales para que escanearan y almacenaran sus firmas en el servidor de aplicaciones de la WBSSC. Posteriormente, se utilizaron como firmas digitales ilegales para más de 500 cartas de recomendación falsas, supuestamente entregadas en mano a los candidatos que no lo merecían.

Se han presentado una serie de peticiones ante el Tribunal Superior de Calcuta en las que se denuncian anomalías en la contratación de empleados de la Junta de Educación Secundaria de Bengala Occidental. Muchos candidatos con puntuaciones inferiores fueron colocados en los primeros puestos de la lista de méritos. Y más de 500 personas fueron nombradas después de que el panel de la Comisión de Servicios Escolares expirara, y ahora están cobrando sueldos del gobierno estatal.

Un peticionario acusó al Instituto Adesh de Ciencias Médicas e Investigación de Bathinda de prácticas poco éticas y de haber contratado al menos a 12 profesores fantasmas. Los empleados se limitaban a acudir al instituto privado y a marcar su asistencia para luego regresar a sus propios institutos. El alto tribunal ordenó a los organismos médicos a que investigaran la denuncia y tomaran las medidas necesarias.

El Comisionado del Consejo Estatal de Exámenes de Maharashtra y otros dos cómplices fueron detenidos por su presunta implicación en prácticas fraudulentas en el Examen de Elegibilidad de Profesores. El fraude cometido ascendía a 4,25 millones de rupias, y los candidatos debían pagar entre 50,000 y 1 lakh para aprobar el examen. Se ha constituido un comité encabezado por el secretario jefe de Educación para investigar el caso a fondo.

La policía arrestó a una funcionaria de educación por presuntamente recibir un soborno de 50,000 rupias de un proveedor de uniformes escolares en Shamli. Según la unidad de anticorrupción, el proveedor de uniformes escolares para las escuelas del gobierno presentó una denuncia después que la funcionaria le pidiera que pagara como parte del trato para entregar los uniformes a una escuela.

Una profesora de ciencias es acusada de haber trabajado simultáneamente en 25 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya durante 13 meses y por haber recibido Rs 1 crore como salario. La policía arrestó a una de múltiples personas personificando a la maestra de ciencias y utilizando sus registros académicos. El Ministro de Educación ordenó la investigación de los registros de todos los 746 internados para niñas, pero la verdadera identidad de la profesora todavía es un misterio. Los cargos en su contra incluyen deshonestidad, engaño por suplantación de identidad, falsificación de seguridad valiosa y fraude con fines de engaño.

El Tribunal Supremo de Madrás, ha pedido a los funcionarios del distrito educativo, a mantener un registro separado con los detalles de los bienes de los maestros, que trabajan en las escuelas públicas del estado. Todos los maestros podían comprar propiedades y vehículos nuevos solo después de obtener permiso del gobierno. Además, para poder asegurar que los maestros lleguen a clases a tiempo, se ha introducido un sistema de asistencia biométrico para los maestros y demás personal escolar.