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La Universidad de Florida (UF) puso en marcha una investigación, después que un informe interno revelara una cultura de miedo entre los miembros del profesorado, que alegaban la existencia de influencia política en el campus, así como casos de presión para destruir y retrasar la publicación de los datos de la investigación del COVID-19. El informe, fue el resultado de una investigación de tres semanas sobre la libertad académica en la UF, después que se le impidiera a tres profesores a tiempo completo, a testificar como expertos pagados, en una demanda presentada contra el estado sobre el derecho al voto.

Un político de Los Ángeles y un antiguo decano de la Universidad del Sur de California (USC) fueron acusados de cargos federales de corrupción. El caso se refiere a una trama de sobornos en la que un pariente del decano recibió importantes beneficios de la universidad a cambio de que el político apoyara los contratos del condado, mientras era miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

El Departamento de Justicia arrestó a un profesor de ingeniería, que presuntamente realizaba investigaciones para la NASA, escondiendo su afiliación y colaboración con una universidad china y una empresa de propiedad china por muchos años. Aceptó de buen grado la financiación de los E.E.U.U y defraudó a su universidad haciendo caso omiso de las normas de la NASA durante su contrato con TAMU.
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Un empleado de alto nivel del Departamento de Educación utilizó su posición para estafar $5 billones de dinero del gobierno, que debió invertirse en las escuelas públicas. Según el organismo estatal de lucha contra la corrupción IBAC, éste empleado se cubrió las espaldas por siete años, organizando facturas falsas enviadas de compañías de su propiedad, de sus amistades y familiares que no realizaron ningún trabajo.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.

El FBI arrestó al ex secretario de educación junto con otras cinco personas que participaron en una campaña de corrupción pública, de la cual se beneficiaron a costas de los ciudadanos y estudiantes puertorriqueños. El presunto fraude implicaba $15.5 millones de dinero federal, que se gastó entre 2017-2019. El secretario de educación se acusa de otorgar contratos a amigos, sin pasar por los procedimientos regulares.

El presidente de la Universidad Marítima del Caribe (CMU) junto con el Ministro de Educación están siendo investigados por asuntos de corrupción. Durante la pasada sesión del Comité de Apreciación y Administración Pública (PAAC), el presidente de la CMU admitió que se pagaron más de $600,000, para un yate de entretenimiento para el ministro de educación. Según los documentos, la Universidad basada en el este de Kingston, pagó a dos compañías un total de $674,930 para arrendar y decorar el yate.

En el Ministerio de Educación, hay casos de favoritismo, nepotismo y corrupción, están sujetos a auditorías de desempeño; enfocadas a apegarse a las normativas de adquisición del gobierno y gestión de contratación. Según el líder de la oposición, las denuncias se relacionan al mal uso de fondos públicos y a la contratación de personas como consultores, solo por el hecho de estar ”políticamente conectadas”, pero “no están haciendo su trabajo”.

Miembros de un equipo especial del Departamento de Educación que habían estado investigando abusos generalizados por universidades con fines de lucro han sido marginados, reasignados u ordenados a enfocarse en otras cuestiones, según empleados actuales y anteriores. El equipo investigativo se creó en 2016 después de un colapso de las universidades corintias con fines de lucro, lo cual desencadenó una ola de reclamos de los estudiantes acerca de actividades predatorias en escuelas con fines de lucro. Las instituciones habían sido acusadas de fraude generalizado por falsificar beneficios de inscripciones, ofertas de programas e índices de colocación laboral, que podrían dejar a los estudiantes con enormes deudas y sin diplomas.

A través de la región Latinoamericana, un escándalo de alto nivel, tras otro han manchado a los actuales o recientes presidentes o vicepresidentes. El precio es un horrible servicio público, desde el transporte y la educación hasta el orden público y salud. Mientras las arcas del estado son saqueadas, nombramientos y contratos son otorgados por favores en lugar de méritos. Sin embargo, contra todo razonamiento, el contínuo flujo de encabezados desconsoladores acerca de sobornos, la propagación de influencias y nepotismo pueden realmente ser buenas noticias. Muchos expertos consideran que las revelaciones públicas son un signo que la corrupción en la región está siendo cada vez menos tolerada.