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El sector público de Kenia se enfrenta a una crisis, ya que una auditoría de la Comisión de Servicios Públicos reveló más de 2 000 casos de certificados académicos y profesionales falsos de empleados de la administración. Se descubrió que 787 funcionarios habían utilizado credenciales falsas, desde certificados falsos de educación secundaria y terciaria hasta calificaciones alteradas. Este fraude generalizado, que afecta a varias instituciones gubernamentales, socava la confianza de los ciudadanos. La legislación propuesta pretende abordar el problema, pero se necesitan reformas urgentes para restablecer la integridad y la rendición de cuentas.

El sector de la enseñanza superior de Nigeria está preocupado por la comercialización de los títulos honoríficos concedidos a personas que no los merecen. A pesar de las directrices de la Declaración de Keffi, esta práctica poco ética persiste, lo que ha motivado la condena del Presidente. Los educadores subrayan la importancia del mérito por encima de las contribuciones monetarias e instan a que se respeten las directrices de la Declaración para devolver la integridad al proceso.

Dos políticos noruegos se enfrentan a acusaciones de plagio en sus tesis de máster, lo que ha dado lugar a que las universidades investiguen los casos. Los escándalos han suscitado debates sobre la integridad académica, y llamados a endurecer las penas por plagio. Los incidentes también han suscitado preocupación por el trato que reciben los estudiantes frente a los políticos y la necesidad de una normativa nacional sobre el plagio. Los expertos subrayan la importancia de promover normas e integridad ética en la investigación en las universidades.