El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

Los estudiantes que hacen trampas en los exámenes se enfrentan ahora a multas de hasta 200.000 AED (más de 50.000 euros).

La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.

En Nigeria, un comité dirigido por el Ministro de Educación, está investigando las actividades ilícitas y las fábricas de diplomas. Instituciones afiliadas de varios países están bajo escrutinio. El comité pretende abordar las infracciones en el proceso de acreditación de universidades tanto locales como extranjeras, tras las revelaciones de prácticas fraudulentas. Los expertos sugieren mejorar los procesos de acreditación y la concienciación pública para combatir el problema.

El ex Secretario General del Sindicato Nacional Docente de Kenia (KNUT) ha acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Educación de pedir a los padres que paguen las cuotas escolares de los alumnos de las escuelas nacionales a través de la plataforma e-Citizen. Esta nueva iniciativa gubernamental pretende mejorar la prestación de servicios, aportar transparencia y proteger tanto a los alumnos como a los padres. Sin embargo, algunos expresan su preocupación por las dificultades prácticas y el estado de preparación del país para una transición digital de este tipo.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

La Organisation Tchadienne Anti-Corruption (OTAC) ha lanzado una campaña de sensibilización destinada a educar a alumnos y docentes sobre la importancia de la ética y la lucha contra la corrupción en el entorno escolar. Al subrayar la importancia de combatir las consecuencias de la corrupción, en particular su influencia en las notas y las prácticas nocivas, como los favores sexuales, el coordinador nacional de la OTAC destacó la necesidad de considerar la dimensión de género, fomentando la autonomía de las jóvenes y la promoción de la igualdad de oportunidades.

En los últimos tres años, las sospechas de corrupción en el Departamento de Educación Universitaria de Sindh han dado lugar a investigaciones de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del ala anticorrupción de la Agencia Federal de Investigación. Los problemas incluyen máquinas biométricas sobrevaloradas, contratos cuestionables y transacciones no declaradas. Una comisión de investigación de dos miembros está estudiando las quejas de los profesores. Los casos de corrupción en el departamento de educación universitaria, incluidos los fondos para actividades como bibliotecas digitales y formación docente, siguen sin resolverse.

La Mesa del Comité Directivo de Educación del Consejo de Europa debate la creación de un observatorio europeo para la integridad ética y la transparencia en la enseñanza superior, una iniciativa histórica contra el fraude educativo. El Observatorio pretende abordar el problema cada vez mayor sobre los falsos diplomas con objetivos como la recolección de datos, la promoción de prácticas éticas, la prevención de la corrupción y la cooperación internacional. A pesar de los desafíos burocráticos, financieros y jurídicos, esta iniciativa ofrece importantes beneficios potenciales para la calidad y la reputación de la enseñanza superior en Europa.

Cinco universidades de Estados Unidos han llegado a un acuerdo para resolver una demanda en la que se las acusa de colusión en materia de ayudas financieras e ilegalidades en la admisión de alumnos, según se desprende de nuevos documentos judiciales. Las universidades de Yale, Columbia, Duke, Brown y Emory pagarán un total de 104,5 millones de dólares para resolver su parte del caso, presentado por cinco exalumnos contra más de una docena de centros. La demanda alega que las universidades infringieron la legislación antimonopolio al ignorar su promesa de no sopesar la capacidad de un estudiante para pagar las cuotas de matrícula a la hora de decidir su admisión, una práctica conocida como “admisión a ciegas ".