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El auditor-general está investigando la oficina financiera del gobierno provincial de la Provincia Oriental del Cabo, que recibe 827.000 dólares al año del gobierno federal para un fondo de becas que se supone beneficia de 650 a 700 estudiantes de la empobrecida provincia. Algunas de las becas llevan sin pagarse al menos desde 1997.

La corrupción campa a sus anchas en los procesos de admisión, en exámenes y la asignación de becas en las universidades chinas. Un resultado positivo del reciente escándalo por plagio es el diseño de un código de conducta para alumnos y profesores elaborado por la Universidad de Beijing.

El Departamento de Educación de Estados Unidos propuso la semana pasada nuevas reglas para flexibilizar una prohibición impuesta a la compensación de incentivos para reclutadores universitarios y eliminar así una norma de ayudas financieras. La propuesta para anular la regla de 12 horas lleva muchos años siendo centro de debate. Los proveedores de educación a distancia han instado al departamento y al Congreso a invalidar esta norma, pero hay quienes apelan a los temores de que relajar la normativa conduciría al fraude.

Un escándalo suscitado por un examen forzó al departamento provincial de agricultura a retener las becas. Las irregularidades afectaron a 38 escuelas y a por los menos 2.000 hojas de examen.

El Ministro de la Presidencia advirtió al programa Kimbugwe Foundation Scholarship Scheme contra la utilización del nombre del movimiento para ofrecer becas fantasma a la gente. La fundación seleccionó a 800 estudiantes y les otorgó becas tras cobrarles Shs10.000 a cada uno.

El asesor legal de la Universidad Eduardo Mondlane negó que hubiera algo deshonesto en asignar becas a personas que no trabajan en la universidad. Sin embargo, solo en 2003 se gastó presuntamente más de US$ 147.000 en la hija del rector, dos hijos del director de relaciones públicas de la universidad y 16 otras personas, en lugar de utilizarse para que los profesores obtuvieran títulos en el exterior.

El parlamento decidió que las escuelas no podrán cobrar derechos de escolaridad a los estudiantes que se benefician del programa de educación secundaria universal. La comisión también decidió investigar sobre el fraude en los exámenes, la fuga de recursos y la anulación de los resultados del "O level". De ahora en adelante, cuando se considera que un candidato ha fraguado en una prueba, se anula todo el examen.