El organismo de regulación de la educación superior TEQSA interrumpió el acceso a otros 100 sitios web de fraude académico. Con estas, ya son 250 las páginas web ilegales bloqueadas en virtud de estos protocolos desde agosto de 2022. El organismo también ha desarrollado una serie de recursos para estudiantes y personal. Las leyes antifraude australianas establecen el carácter ilegal de la prestación o promoción de servicios de fraude académico. Las sanciones incluyen hasta 2 años de prisión y multas de hasta 110 000 dólares.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

El jefe del Comisionado Independiente del Sur de Australia en contra de la corrupción, inició una investigación sobre denuncias de mala conducta y mala práctica por parte del vicerrector de la universidad de Adelaida, después que éste renunciara por motivos de salud. La Universidad había proyectado para este año, ganancias de más de 1 billón de dólares australianos (US$705 millones), pero éstas han sido sustituidas con pérdidas previstas de 100 millones de dólares australianos.

Algunas universidades están siendo amenazadas con fuertes sanciones por proporcionar datos que artificialmente destacarían su desempeño en clasificaciones de prestigiosas investigaciones, usadas para destinar financiaciones del gobierno. El Consejo de Investigación de Australia ha escrito duras cartas a muchas universidades advirtiéndoles que enfrentan castigos incluyendo enjuiciamiento bajo la ley de la Mancomunidad, por proporcionar datos falsos en sus evaluaciones de excelencia investigativa.