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La Universidad de Johannesburgo (UJ) es la primera institución terciaria sudafricana que utiliza la tecnología blockchain como medida de seguridad adicional para proteger sus certificados contra alteraciones o falsificaciones. El Director de la Administración Académica Central pide a todas las instituciones terciarias que mejoren en forma conjunta la integridad de sus certificaciones y permitan que las empresas instauren un sistema de verificación de certificaciones sencillo y sin costo alguno, lo que ayudará a evitar el fraude en los certificados y a frenar la falsificación.

Los ministros de Educación Superior de Camerún han revelado que la Universidad Americana privada de África Central es una universidad clandestina, que funciona sin autorización, y ha aconsejado a los padres de los estudiantes que permanezcan atentos. En 2020, el ministro ya había ordenado al Centro Regional Africano de Formación para la Administración del Trabajo, al Instituto Panafricano para el Desarrollo y al Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Bamenda que dejaran de conceder títulos, y suspendieran todos los programas de máster y doctorado por incumplimiento de las condiciones de acreditación que se les había concedido.

Tras la detención de un profesor de la Universidad de Kigali por presunta falsificación de documentos académicos, el Consejo de Educación Superior de Ruanda (HEC), decidió retirar el reconocimiento de los títulos de doctorado obtenidos en la Atlantic International University (AIU) de Estados Unidos. La universidad cuenta con una acreditación de una agencia educativa internacional independiente con sede en el Reino Unido, sin embargo, el HEC la desestimó por no ser una agencia gubernamental encargada de la acreditación en el Reino Unido o en otros países.

Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.