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Durante la 10.ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas, el Fiscal General de Zimbabue anunció planes para incorporar un plan de estudios centrado en la corrupción, la ética y la integridad en el sistema educativo del país, desde el desarrollo de la primera infancia hasta los niveles universitarios. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), la educación contra la corrupción podría adoptar la forma de actividades extracurriculares en las escuelas primarias y secundarias.

Dos profesores de la escuela de secundaria de Kwekwe fueron suspendidos después de supuestamente pedir dinero a los padres de familia para asegurar lugares en el primer curso para sus hijos. El hecho solo salió a la luz pública en el día de la inauguración, cuando autoridades escolares descubrieron que había una clase adicional de 30 estudiantes, lo que llevó al director a lanzar una investigación.

La falsificación o la compra descarada de certificados, diplomas y licenciaturas falsas son unas de las más crudas formas de fraude académico en Zimbabue. Expertos dicen que la contratación de individuos, con credenciales fraudulentas puede convertirse en un fiasco de relaciones públicas, tanto para compañías privadas como para el gobierno. Según el representante del ZIMSEC (Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue), el organismo de exámenes ha estado trabajando con empleadores a nivel nacional para verificar las credenciales académicas; descubriendo un número sorprendente de trabajadores con certificados de colegios y universidades falsos.

Un juzgado de Harare ha declarado que el vice-canciller de la Universidad de Zimbabue debe responder por qué le otorgó “corruptamente” un diploma de doctorado a la ex primera dama en 2014. El fallo llega en un momento cuando el Ministerio de Educación Superior y Terciaria, Ciencias y Desarrollo de Tecnología ha presentado una denuncia ante del Fiscal General, diciendo que no tiene nada que ver con el caso ya que considera que es un asunto académico que debe ser resuelto por el senado o consejo universitario.