Según la Autoridad Nacional de Certificaciones de Kenia (KNQA por su sigla en inglés), al menos una de cada tres personas asalariadas en Kenia tiene un certificado académico falso, es decir, alrededor del 30% (al menos 250.000) de la plantilla de funcionarios. En marzo de 2023, la Facultad de Medicina de Kenia revocó la admisión de 53 médicos en prácticas tras descubrirse que habían ingresado en la institución con certificados de secundaria falsos. La Comisión de la Administración Pública y la Comisión de Ética y Anticorrupción ordenaron entonces a todos los empleadores públicos y privados que realizaran auditorías de las titulaciones académicas de los empleados en los últimos diez años para garantizar su responsabilidad.

El Ministerio de Educación etíope está estudiando la digitalización de los exámenes de fin de estudios y de egreso de la universidad para combatir la corrupción y las trampas en el sector. Pero es necesaria una estrategia nacional para afrontar los retos asociados a un examen digital, tales como la disponibilidad de infraestructuras e instalaciones informáticas y las necesidades de seguridad.

El Departamento de Justicia ha revelado las acusaciones de conspiración y fraude electrónico contra 25 personas por la venta de 114 millones de dólares de 7.600 diplomas falsos de tres escuelas de enfermería del sur de Florida ya desaparecidas. Según un agente del FBI, la investigación sobre los certificados de enfermería comenzó en 2019. Los certificados permitían a personas sin formación presentarse a los exámenes nacionales de la junta de enfermería y al menos 2.800 de ellas aprobaron.

El Consejo de Exámenes Escolares de Zimbabue (ZIMSEC por sus siglas en inglés) retiró los resultados a más de 5.000 estudiantes tras filtraciones masivas. Un director y un docente de la escuela de Thokozani habían sido detenidos tras acceder a los exámenes y venderlos a residentes de Zvishavane. Sin embargo, según un legislador, el ZIMSEC utilizó la escuela como chivo expiatorio para que las investigaciones de la junta examinadora concluyeran precipitadamente.

En virtud de las nuevas medidas aprobadas sobre la integridad académica para sus candidatas y candidatos, la totalidad de los miembros del Partido Democrático Progresista (DPP por sus siglas en inglés) que se presenten a las elecciones tendrán que enumerar sus títulos y firmar una declaración de ética académica en la que declaren que no incurrieron en plagio, falsificación ni escritura fantasma al escribir sus tesis. Esta medida sigue a la revocación de varios títulos de doctorado de miembros del DPP por acusaciones de plagio.

Muchos solicitantes de empleo intentan asegurarse una plaza haciendo trampas en los exámenes, incluida la compra de hojas de examen, o pagando a otra persona para que haga la prueba en su nombre. La policía detuvo en Udaipur un autobús que se dirigía a un centro de exámenes y en el que viajaban profesores y candidatos. Se descubrió que cuatro profesores de escuelas públicas estaban resolviendo preguntas para al menos 20 candidatos. Se detuvo a 48 personas y el proceso de examen fue cancelado. Desde 2018, al menos 12 campañas de selección han sido canceladas en el estado después de que se filtrara el examen.

Del millón de estudiantes que se presentaron a los exámenes nacionales de fin de estudios, sólo el 3,3 % consiguió alcanzar una calificación de aprobado con un 50 %. Los resultados revelaron los múltiples retos a los que se enfrenta el sector educativo desde hace tiempo: creciente politización del sistema que socava la meritocracia, prácticas corruptas y poco éticas para pasar a los alumnos al siguiente nivel sin la preparación necesaria. Escuelas, docentes, y directivos, autoridades regionales y del poder político se han visto implicados en malas prácticas.

El Consejo de Exámenes de África Occidental (WAEC) sancionó a 13 escuelas secundarias en el estado de Gombe por casos de mala práctica en los exámenes. Desde el 2018 hasta el 2020, se descubrió que siete escuelas secundarias públicas estaban implicadas en malas prácticas en los exámenes. En el 2022, el Ministerio recibió un nuevo conjunto de seis escuelas que cometieron el mismo delito, y también fueron dadas de baja debiendo pagar a WAEC una multa de N500,000 por escuela. Según el director de WAEC, la amenaza de malas prácticas en los exámenes tuvo un impacto negativo en el rendimiento de los estudiantes en los resultados de los Exámenes para obtener el Certificado de Secundaria Superior: con un promedio general de 55,6% en el 2022 frente al 79,5% en el 2021.

La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

Según Ofqual, el organismo regulador de los exámenes en Inglaterra, este año se sancionó a más de 4.300 candidatos por hacer trampas en los exámenes de A-level y GCSE. A 2.000 candidatos sorprendidos en posesión de un teléfono móvil se les redujeron las notas, mientras que unos 1.500 estudiantes recibieron advertencias. Además se sancionó a 800 candidatos con la anulación de su examen. Ofqual también publicó un informe sobre la realización de los exámenes de 2022, en el que se señalaba que 14 escuelas e institutos habían denunciado ciberataques para acceder a programas informáticos de administración de exámenes o al trabajo de los estudiantes.