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Un informe de Human Rights Watch, reveló que durante el cierre de escuelas por el Covid-19, los gobiernos de 49 de los países más poblados del mundo violaron los derechos de los niños al aprobar y permitir la adopción generalizada de productos EdTech. Los niños fueron obligados a pagar por su aprendizaje a costa de sus derechos a la privacidad y al acceso a la información. De los 164 productos EdTech examinados, 146 (89%) controlaban los datos personales de los niños en secreto y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, tanto dentro como fuera de sus aulas virtuales y en Internet.

La Oficina de la Fiscalía Financiera ha lanzado una investigación en el Ministerio de Educación en relación a la educación que proporcionaron a los estudiantes refugiados sirios, con financiación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y Alemania. La lista de niños matriculados para las clases nocturnas en las 346 escuelas estatales, incluían a un número de estudiantes mucho mayor a los que realmente asisten. El monto faltante se calcula multiplicando el número de 15,000 estudiantes fantasmas por $600 que los donantes asignan cada año a cada estudiante registrado. Desde 2014, cada año desaparecen $9 millones.

Documentos del estado demuestran que, 11 propietarios de un preescolar y los empleados, robaron millones en impuestos, a través de una variedad de complots, usando el dinero para pagar por todo, desde diamantes y compras en Costco, hasta remodelaciones en sus casas y una boda familiar. A principios del año, grupos defensores de los niños, han advertido sobre la crisis en la educación especial preescolar en Nueva York y firmaron una carta para el gobernador exhortando los aumentos de tasas de reembolso.