Tras la aplicación de la Ley de Organismos Reguladores de la Educación de 2020 (Ley 1023), cualquier institución de enseñanza superior en Ghana, que anuncie o imparta un programa que no está acreditado, se enfrentará a sanciones que incluyen multas de 240,000 GHS (US$41,400). Otra posibilidad es que el vicerrector o el rector de la institución sea encarcelado hasta por 20 años, aunque ambas sanciones pudieran aplicarse.

La investigación de la Comisión de Anticorrupción y Derechos Civiles reveló que 10 universidades nacionales en Corea del Sur presuntamente malversaron 9,400 billones KRW de matrículas estudiantiles. Los fondos estaban destinados a cubrir programas de orientación de los estudiantes y actividades de seguridad realizadas por profesores y personal durante horas de almuerzo, después del trabajo y/o en los fines de semana. Empleados de una de las universidades nacionales exageraron el número de tales actividades, cambiando de lugar y ropa, ganando 1.2 billones KRW.

Cuatro ex altos funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un director de una compañía han sido arrestados con cargos de corrupción relacionados a la compra de libros de texto escolares. El funcionario de educación se saltó el proceso de la cadena de suministro del departamento, al obtener un acuerdo de Material de Recursos Suplementarios (SRM) que no se necesitaba. Informes alegan que el funcionario recibió un soborno en forma de dos computadoras portátiles y un teléfono móvil de una compañía que recibió 59 millones de rands por el material SRM.

Un ex Secretario Ejecutivo de la Junta de Becas del Estado de Lagos ha sido acusado de 8 cargos de conversión delictiva de N127 millones, pertenecientes a la Junta de Becas. El informe de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, reveló que los fondos destinados al pago de las becas de los estudiantes, bienestar del personal y renovaciones de las oficinas había sido utilizado para propósitos personales.

Una ex administradora del Distrito Escolar Independiente de Houston fue sentenciada a un año de libertad condicional por su involucración en el escándalo de admisiones, en la que atrapó a padres de familia adinerados de todo el país. Fue acusada de tomar sobornos del consultor de admisiones en el centro de la trama, a cambio de permitir que alguien tomara los exámenes en representación de los hijos de sus clientes o de corregir sus respuestas. El año pasado, otras 50 personas fueron arrestadas en la trama, en la que, las autoridades declararon que jóvenes que no lo merecían fueron aceptados a las mejores universidades con credenciales atléticas falsas o calificaciones de exámenes falsas.

El Sistema de la Universidad de California aceptó indebidamente a 64 estudiantes adinerados con buenas conexiones, como favores a donantes, familiares y amigos y rechazó la aplicación de estudiantes más calificados la misma oportunidad de educación. 55 personas fueron acusadas de soborno y fraude para conseguir la admisión, incluyendo credenciales falsas de estudiantes-atletas.

El director de la ahora cerrada Universidad Cristiana de Ruanda y el ex Primer Ministro de Ruanda recibieron una pena de tres años de cárcel y una multa de 892.2 millones de francos ruandeses ($907,000 dólares americanos), después de que se encontrara culpable de emitir cheques sin fondos y de no pagar salarios a su personal docente y administrativo. La Oficina de Investigación de Ruanda también arrestó al ex vicerrector de la Universidad de Kibungo por presunto nepotismo y mala gestión de las finanzas universitarias.

Un ex entrenador de Harvard aceptó $1.5 m en sobornos, a cambio de ayudar a dos hijos de un hombre de negocios, a entrar a la Universidad como esgrimistas. Enfrentan cargos de conspiración por aceptar sobornos bajo programas federales. El entrenador fue despedido en julio 2019, por violar la política de conflicto de intereses de Harvard.

Seis funcionarios de la Escuela de Teología Apex, orquestaron una estafa para reclamar fraudulentamente $12 millones en ayuda federal para estudiantes. La conspiración involucraba el reclutamiento de estudiantes falsos, la falsificación de aplicaciones para ayuda financiera, así como el plagio de trabajo escolar y diplomas. El FBI describió la conspiración como un “abuso descarado del programa financiado por el gobierno federal” y “un insulto para todos los contribuyentes”.

Los activistas en favor de los derechos de las mujeres y niñas, piden que se establezcan directrices más estrictas y amplias, sobre el acoso sexual en las instituciones de educación superior de Uganda, para evitar que los profesores y otros administradores universitarios se aprovechen de sus estudiantes. Un antiguo administrador de la Universidad de Makerere, después de agredir indecentemente a una estudiante en 2018, le dieron una condena de sólo dos años de prisión o la opción de pagar una multa de UGX4 millones (US$1,080). En el Informe Anual de la Delincuencia de 2019 de Uganda, se registraron 1,528 casos relacionados con violencia sexual, incluyendo agresiones y violaciones.