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La figura central de la estafa en la que padres con alto poder adquisitivo pagaban enormes sumas para hacer trampas en los exámenes estandarizados, ha sido condenada a tres años y medio de prisión federal. El cerebro de la estafa conocida como Operación Varsity Blues se declaró culpable de asociación ilícita, blanqueo de capitales, y conspiración para cometer fraude contra los Estados Unidos y fraude en el extranjero.

El Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para hacer frente al aumento de casos de acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior nigerianos. La ley prevé penas de prisión de hasta 14 años para cualquier académico culpable de conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las mujeres egresadas de instituciones de enseñanza superior nigerianas sufrieron acoso sexual en la escuela por parte de sus pares y docentes. Esto demuestra la necesidad de reforzar los mecanismos de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior de Nigeria para controlar las actividades de docentes y estudiantes.

La nueva legislación de Ontario prohibirá los acuerdos de confidencialidad para que los docentes no puedan ocultar un historial de conducta sexual inapropiada al postularse en otras universidades o facultades. Además, otorgará a los centros de enseñanza el derecho a despedir al personal que haya abusado de un estudiante e impedirá que vuelva a ser contratado.

El Ministerio de Educación de Ruanda (MINEDUC) ha ordenado el cierre temporal del Colegio Politécnico Regional de Kigali para investigar graves casos de robo y malversación de recursos públicos. Según las fuentes, el material de la universidad habría desaparecido, y se ha interrogado y detenido a altos funcionarios y a varios empleados implicados en la gestión de la institución.

La Comisión Anticorrupción de Malasia ha detenido a 59 funcionarios de universidades públicas y privadas entre 2017 y 2022 por soborno, abuso de poder, demandas fraudulentas y otros delitos financieros. Uno de los casos se refería a un director de una universidad pública que en este último tiempo recibió un auto como incentivo para ayudar a una empresa a obtener una licitación por valor de unos 1,6 millones de RM, en tanto que un profesor universitario también fue detenido por supuestas demandas fraudulentas relacionadas con un fondo para investigación de 66.000 RM.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión Anticorrupción de Indonesia (KPK) ha detenido al rector de la Universidad de Lampung por haber recibido supuestamente 5.000 millones de dírhams (336.000 dólares) por sobornar a las familias de los estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad conocido como régimen autónomo de admisión. Según la KPK, este examen de "régimen autónomo" realizado por las universidades es vulnerable al soborno debido a la falta de transparencia y de lineamientos específicos del Ministerio de Educación, lo que deja a las universidades estatales sin supervisión.

Dos empleados de la Junta de Préstamos y Becas para Estudiantes de Educación Superior (HESLGB) fueron detenidos en Lilongüe por el presunto robo de 335 millones de MWK (326.000 dólares) destinados a préstamos para estudiantes entre 2018 y 2019 a través de una institución de educación superior privada. Al no poder pagar el alquiler y ofrecer préstamos a los estudiantes de las instituciones terciarias, la universidad propuso a la junta que le donara 10 millones de MWK (9.750 dólares). La junta, en cambio, envió 300 millones de MWK y pidió a la universidad que devolviera la diferencia a varias cuentas pertenecientes a empleados de la junta de préstamos.

Una ex directora de finanzas y administradora de la Facultad de Medicina de Yale se declaró culpable de fraude electrónico y declaraciones de impuestos falsas durante un periodo de nueve años. Dirigía un negocio ilegal que consistía en la compra y reventa al por mayor de ordenadores y dispositivos electrónicos por un total de 40 millones de dólares en pérdidas para la universidad. Desde el incidente, la universidad ha trabajado para identificar y corregir las deficiencias de sus controles financieros internos.

El Tribunal Superior del Estado de Gombe condenó a un director de escuela secundaria jubilado a dos años de prisión, por fraude y gestión de instituciones ilegales. Entre 2009 y 2015, estafó a los candidatos por más de 3,8 millones de euros, con el pretexto de ofrecerles la admisión en sus tres instituciones superiores ilegales.