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En Pakistán se necesitan reformas urgentes para proteger la integridad académica e impedir que los marginados sean explotados por quienes detentan el poder. Abundan los casos de profesores, expertos en política y funcionarios estatales jubilados que plagian el trabajo de ayudantes, estudiantes y profesionales noveles. Por ejemplo, en una prestigiosa institución de Islamabad, un profesor plagió el trabajo de un exalumno y colega y eludió las consecuencias gracias al apoyo institucional.

Los empleados del Departamento de Educación Universitaria de Sindh alegan corrupción y nepotismo en los últimos rápidos ascensos de trabajadores de rango inferior a puestos superiores. Alrededor de 185 ascensos de los grados 1-3 al grado 11 se produjeron al amparo de normas menos estrictas, que sólo exigían una breve prueba de mecanografía por ordenador, prescindiendo de Certificados de Informática verificados. Las fuentes afirman que los ascendidos carecían de conocimientos informáticos y que el soborno influyó en el proceso. Algunos empleados que se presentaron a la prueba expresaron su frustración al ver que los que tenían conocimientos informáticos no pasaban el examen, mientras que los que no los tenían, sí aprobaban, cuestionando la legitimidad del proceso.

Una investigación determinó que casi 170 residentes presuntamente cometieron fraude en las subvenciones del Plan de Desarrollo de la Educación Continua, lo que supuso más de 1 millón de MOP. Entre 2016 y 2019, dos miembros del personal suscitaron el interés de los residentes para que solicitaran cursos subvencionados ante la Oficina de Educación y Asuntos de la Juventud para el Plan de Desarrollo de la Educación Continua. El centro informó sobre registros de asistencia falsos y se confabuló con instructores y alumnos para falsificar registros de asistencia, mientras que los alumnos recibían reembolsos en efectivo por valor de la mitad de las subvenciones abonadas o realizaban otros cursos impartidos por el centro en forma gratuita.

La Comisión Anticorrupción de Malasia ha detenido a 59 funcionarios de universidades públicas y privadas entre 2017 y 2022 por soborno, abuso de poder, demandas fraudulentas y otros delitos financieros. Uno de los casos se refería a un director de una universidad pública que en este último tiempo recibió un auto como incentivo para ayudar a una empresa a obtener una licitación por valor de unos 1,6 millones de RM, en tanto que un profesor universitario también fue detenido por supuestas demandas fraudulentas relacionadas con un fondo para investigación de 66.000 RM.

La Dirección de Vigilancia y Anticorrupción (DVAC por sus siglas en inglés) acusó formalmente a ocho personas, entre ellas cuatro exempleados de la universidad y cuatro particulares, por delito de conspiración, abuso de confianza, estafa, adulteración y falsificación de cuentas. Al examinar los detalles de matrículas y aranceles de 16.580 estudiantes, los funcionarios de la DVAC descubrieron que el número de serie de un cheque a la vista se utilizaba en repetidas ocasiones para distintos estudiantes.

La Comisión Anticorrupción de Indonesia (KPK) ha detenido al rector de la Universidad de Lampung por haber recibido supuestamente 5.000 millones de dírhams (336.000 dólares) por sobornar a las familias de los estudiantes que no aprobaron los exámenes de ingreso a la universidad conocido como régimen autónomo de admisión. Según la KPK, este examen de "régimen autónomo" realizado por las universidades es vulnerable al soborno debido a la falta de transparencia y de lineamientos específicos del Ministerio de Educación, lo que deja a las universidades estatales sin supervisión.

El vicerrector de la Universidad de Gulbarga sorprendió a cinco estudiantes copiando en los exámenes del primer semestre durante una visita a un colegio del distrito de Kalaburagi. En otro incidente, también se detuvo a tres estudiantes por utilizar teléfonos móviles durante un examen. Las autoridades de la Universidad de Gulbarga, han sido acusadas de filtrar los cuestionarios y fomentar las malas prácticas en los exámenes. En mayo, el examen BCom tuvo que ser aplazado después de que se filtrara el cuestionario del quinto semestre de Contabilidad de Gestión.

Una encuesta realizada en 2021 por el Ministerio de Educación y Cultura reveló que el 77% de los profesores de Indonesia admitieron que se habían producido casos de acoso sexual en sus universidades, pero el 63% decidió no denunciar los casos a la policía o a otras instituciones pertinentes. Sólo 49 de las 122 universidades han creado grupos de trabajo contra el acoso sexual, en los que participan personal administrativo, profesores y estudiantes. Las sanciones previstas en el decreto incluyen sanciones económicas para las instituciones que no eviten la violencia sexual y el despido o la expulsión de los autores.

La Encuesta Nacional de Seguridad Estudiantil 2021 del Centro de Investigación Social, informó de 1,835 incidentes de acoso y agresión sexual en las universidades australianas. El informe cualitativo incluía la presentación de una estudiante internacional, acosada por un miembro del personal universitario. A la estudiante no sólo se le dejó toda la responsabilidad de su propia seguridad mientras la universidad seguía protegiendo a su miembro del personal, sino que también se le pidió que dejara de asistir a los seminarios y eventos sociales de la universidad.

Un peticionario acusó al Instituto Adesh de Ciencias Médicas e Investigación de Bathinda de prácticas poco éticas y de haber contratado al menos a 12 profesores fantasmas. Los empleados se limitaban a acudir al instituto privado y a marcar su asistencia para luego regresar a sus propios institutos. El alto tribunal ordenó a los organismos médicos a que investigaran la denuncia y tomaran las medidas necesarias.