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Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.

En el 2011, el ejercicio de bachillerato de matemáticas que había sido filtrado en el internet no fue robado, pero sí hubo fraude dijo la Corte de Apelaciones de París, la cual sentenció a cuatro jóvenes a tres y cuatro meses de penas con suspensión. Este hecho revivió la controversia sobre la profunda reforma de los exámenes. Queriendo que este caso sirva como ejemplo, el Ministerio de Educación ha presentado una denuncia y lanzó un plan de “cero tolerancia” contra el fraude durante el bachillerato. En primer lugar, el tribunal penal ha absuelto o reducido las sentencias de todos los acusados enjuiciados por encubrimiento, fraude o robo.