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El vicerrector de la Universidad de Egerton y ocho miembros del Consejo Universitario han sido condenados a 30 días de cárcel por no cumplir una orden judicial que les ordenaba pagar a los profesores el 100% de sus salarios. El capítulo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Egerton (UASU) había presentado una demanda por desacato después de que la universidad impusiera un recorte salarial del 40% en 2020, supuestamente como medida provisional ante la llegada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el Consejo no presentó pruebas de la necesidad de esta medida.

Cuatro estudiantes han sido detenidos por presuntas malas prácticas durante los exámenes del Certificado de Educación Secundaria de Kenia (KCSE) a través de las plataformas WhatsApp y Telegram. Los detectives utilizaron técnicas forenses cibernéticas y digitales para interceptar docenas de mensajes que contenían capturas de pantalla de los trabajos que se estaban examinando. Según la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI), los esfuerzos del Ministerio de Educación por preservar la integridad de la administración del examen han sido puestos en peligro por funcionarios corruptos.

Dos antiguos contadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, recibieron 7.5 años de cárcel después de encontrarse culpables de malversar 2.5 millones de chelines. Enfrentaron 10 cargos por adquisición fraudulenta de bienes públicos, abuso de funciones, conspiración para defraudar y robo por parte de una persona empleada en la administración pública. Otro funcionario del ministerio fue condenado a 2.5 años después de robar 1.5 millones de chelines de fondos públicos.

El Sindicato de Personal Académico Universitario de Kenia (UASU) ha amenazado con ir a la corte si el Ministerio de Educación no toma acción inmediata ante las instituciones de educación superior del país, que han sido reportadas por ilegalmente hacer descuentos de los salarios de sus empleados sin remitir las deducciones a las instituciones pertinentes. El mes pasado, el Ministerio de Educación dio a conocer un informe de auditoría mostrando que algunas universidades públicas del país estaban descontando billones de chelines de los salarios de sus empleados y no reportaban el dinero regularmente a las instituciones correspondientes. El total de los descuentos salariales ilegales es aproximadamente de US$100 millones.

El mes pasado, una estudiante de la Universidad de Mount Kenia, perdió su juicio en la corte, donde estaba disputando su suspensión de la universidad por hacer trampa en un examen. El juez desestimó la demanda, cuando descubrió que el proceso disciplinario de la universidad siguió una acción administrativa justa. La estudiante se había presentado en la corte para buscar compensación, argumentando que el criterio usado por el comité disciplinario de la universidad, para llegar a su veredicto era injusto, excesivo y violaba la Constitución y que tenía derecho a una audiencia imparcial. Hasta el momento, hacer trampa en los exámenes en las universidades, se ha generalizado no solo en Kenia, pero en muchas partes del mundo.