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Un falsificador detectado en 2019 por el Ministerio de Educación Superior ha sido acusado de falsificación, y venta de documentos oficiales, fraude y blanqueo de capitales. Desde 2015, vendía miles de diplomas falsos a 200 euros cada uno. Con la complicidad de un conductor de taxi-ambulancia que fotografiaba los documentos de los pacientes, compraba tarjetas de prepago con estas identidades falsas, que luego eran pagadas mediante transferencias electrónicas por los compradores de los diplomas falsos a través de sus propias tarjetas de prepago.

La Oficina de la Fiscalía Financiera ha lanzado una investigación en el Ministerio de Educación en relación a la educación que proporcionaron a los estudiantes refugiados sirios, con financiación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y Alemania. La lista de niños matriculados para las clases nocturnas en las 346 escuelas estatales, incluían a un número de estudiantes mucho mayor a los que realmente asisten. El monto faltante se calcula multiplicando el número de 15,000 estudiantes fantasmas por $600 que los donantes asignan cada año a cada estudiante registrado. Desde 2014, cada año desaparecen $9 millones.

En el 2011, el ejercicio de bachillerato de matemáticas que había sido filtrado en el internet no fue robado, pero sí hubo fraude dijo la Corte de Apelaciones de París, la cual sentenció a cuatro jóvenes a tres y cuatro meses de penas con suspensión. Este hecho revivió la controversia sobre la profunda reforma de los exámenes. Queriendo que este caso sirva como ejemplo, el Ministerio de Educación ha presentado una denuncia y lanzó un plan de “cero tolerancia” contra el fraude durante el bachillerato. En primer lugar, el tribunal penal ha absuelto o reducido las sentencias de todos los acusados enjuiciados por encubrimiento, fraude o robo.