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Un toque de corneta suena en el Judicial College de Zhonglian a la 1:30 pm, dos semanas después de que el director de esta escuela privada fuera arrestado. Angustiados estudiantes y preocupados padres insisten en quedarse en la escuela, situada en el distrito de Fangshan, después de que la comisión de educación de Fangshan anunciara el pasado 10 de mayo que el centro era ilegal.

Una encuesta realizada por Transparencia Internacional en Ghana, Madagascar, Marruecos, Níger, Senegal, Sierra Leona y Uganda consultó a distintos agentes del sistema educativo. Los informes destacan la falta de información presupuestaria en las escuelas y piden que se refuercen la regulación y la rendición de cuentas, así como una mayor participación de las comunidades escolares y los padres. 

Ocho padres de familia y profesores que utilizaron alta tecnología para copiar en los exámenes de ingreso de una facultad fueron encarcelados. Fueron sentenciados a penas de reclusión de seis meses a tres años tras haber sido encontrados culpables de utilizar celulares,  auriculares diminutos o miniescáneres a fin de obtenter secretos de Estado.

El Gobierno de Bangladesh decidió advertir a los estudiantes y sus tutores de la existencia de universidades privadas que abren campus externos bajo la forma de centros regionales de recursos, centros de estudio, etc. En el ministerio se sabe que los estudiantes que se inscriben en esas universidades locales no autorizadas son estafados frecuentemente. Actualmente hay en Bangladesh 51 universidades privadas que funcionan según la Ley de Universidades Privadas (Private University Act) de 1992, enmendada en 1998.

Honduras invierte grandes sumas en la educación, pero los poderosos sindicatos de profesores y los nombramientos políticos minan las reformas en un sector vulnerable a la corrupción y que carece de supervisión de la sociedad civil. En el país hay unos 50.000 profesores; entre 2.500 y 2.600 tienen problemas pendientes en relación con sus puestos (tales como pagos irregulares por permisos o ausencias injustificadas mientras siguen en la planilla). Para que los planes de descentralización en curso  tengan un impacto positivo sobre los servicios de educación es necesario mejorar las competencias de los auditores locales, dar más participación a los padres de familia y los sindicatos deben adoptar códigos de conducta.