En los medios de comunicación

El Departamento de Educación (DepEd) de Filipinas se ha asociado con Open Ownership para fortalecer la transparencia y la integridad en la contratación pública en el sector educativo. El DepEd administra el presupuesto educativo más grande del país, lo que convierte a la contratación pública en un área de alto riesgo de corrupción. La iniciativa pone a prueba el uso de datos sobre la titularidad real para identificar conflictos de interés ocultos, acuerdos de rotación de ofertas, concentración del mercado y vínculos no revelados entre proveedores. El acuerdo incluye asistencia técnica y análisis de contratos para disminuir las irregularidades y se ajusta a la Nueva Ley de Contratación Pública.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) de Indonesia se dispone a incorporar la educación anticorrupción en el plan de estudios nacional. La idea es romper el actual círculo vicioso de la corrupción, en el que jóvenes de entre 20 y 30 años ya cometen actos de corrupción. El objetivo es fomentar una cultura de integridad y comportamiento ético entre las generaciones futuras y reducir la corrupción mediante la educación anticorrupción desde una edad temprana.

Para abordar la corrupción en el sector educativo de Ucrania, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción ha celebrado un acto para publicar su «Estrategia de desarrollo de la integridad en la educación para 2026-2030». La campaña tiene por objeto inculcar una cultura de honestidad, transparencia y comportamiento ético en todos los niveles de la educación. Prevé reformas concretas, como la actualización de los materiales didácticos y la formación docente en materia de integridad.

El ministro de Educación de Kuwait ha creado un comité para comprobar las irregularidades en la contratación pública y revisar 115 contratos de impresión y suministro de libros de texto para el curso 2025/2026. El panel, integrado por expertos jurídicos y del Departamento de Fatwa, auditará las licitaciones, las exclusiones y los tiempos establecidos, y dispondrá de un mes para presentar sus conclusiones y recomendaciones.

El Ministerio de Educación de Libia emplea a 600 000 personas, pero solo 180 000 son docentes en actividad, lo que pone de manifiesto las ineficiencias del sistema. El ministro de Educación en funciones prevé implementar una «asignación por aula» para recompensar a los docentes que realmente dictan clases. Las investigaciones también revelaron una corrupción generalizada en la impresión y distribución de libros de texto, cuyos costes se redujeron casi a la mitad al producirlos localmente.

Los recurrentes escándalos en los exámenes en Senegal, incluida la filtración de exámenes confidenciales, han llevado a los padres y a la sociedad civil a pedir una profunda reforma del sistema educativo. Los expertos citan la corrupción, la débil seguridad digital y las presiones sociales, y recomiendan cambios en los planes de estudio, la educación ética y la aplicación de la ley.

La adquisición de más de un millón de Chromebooks (2019-2022) ha desencadenado una investigación por corrupción en el Ministerio de Educación de Indonesia. Las pérdidas se estiman en 1,98 billones de rupias (aproximadamente 121,4 millones de dólares). Se ha interrogado al menos a 28 testigos, lo que ha puesto de manifiesto la falta de transparencia y ha subrayado la urgente necesidad de reforzar la gobernanza, la rendición de cuentas y las reformas en el sector educativo.

La Liga Árabe ha adoptado su primera Carta Ética sobre la IA para orientar la integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación y la investigación en los Estados miembros. Hace hincapié en la privacidad de los datos, la sostenibilidad y la soberanía tecnológica, promueve las herramientas de código abierto y la investigación ética, y pide la colaboración regional. La carta también recomienda sistemas de seguimiento y políticas nacionales para apoyar el desarrollo responsable e inclusivo de la IA en el mundo árabe.

En Rawalpindi (Pakistán), dos funcionarios de educación fueron puestos en prisión preventiva por un caso de corrupción relacionado con casi 10 millones de rupias (unos 45 000 dólares) destinados a material escolar. Crearon documentos de compra falsos sin una licitación adecuada y aprobaron pagos sin entregar ninguna mercadería. Los cargos se presentaron en virtud de las leyes anticorrupción y del Código Penal de Pakistán

En Uganda, los funcionarios de educación se enfrentan a cargos de abuso de poder por desviar subvenciones de capitación originalmente destinadas a la compra de material escolar. La pena es de hasta 7 años de cárcel y una multa de 3,6 millones de chelines kenianos. Este caso pone de relieve los problemas de mala gestión y desvío en la asignación de fondos educativos.