En los medios de comunicación

En México, dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación del Estado han sido acusados de malversación e incumplimiento de sus obligaciones legales por desviar presuntamente unos 290 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 16 millones de dólares estadounidenses) entre 2018 y 2021. Los fondos, destinados originalmente a salarios y prestaciones del personal, fueron malversados a través de fideicomisos y una empresa financiera.

La organización civil llamó a que los seis aspirantes a gobernar la entidad se comprometan con acciones como depurar la nómina educativa y dar recursos a escuelas de zonas marginadas. "Los mexiquenses tienen derecho a saber qué candidatos a gobernador en su entidad están a favor de la transformación educativa y quiénes están a favor del statu quo porque les reconforta; así como qué candidatos a gobernador se comprometen con el Estado de derecho y quiénes seguirán permitiendo una serie de abusos y omisiones en la ley", señaló la organización.

En diciembre pasado, 1,055 preparatorias de todo México - que comprenden casi 1,3 millones de estudiantes - participaron en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Posteriormente, los directores de las mismas presentaron esta información a los padres, estudiantes, maestros:

México promulga su nueva reforma de la transparencia. Esta enmienda de la constitución es un cambio positivo y mejorará el sistema a través del cual las personas acceden a la información pública. La promulgación de normas de acceso a la información es fundamental para la transparencia y una herramienta clave de protección contra la corrupción.

Mucha gente se preocupa por el hecho de que los alumnos se salten las clases. Pero en México no son los alumnos, son los maestros. El censo de escuelas públicas de 2013 llevado a cabo por el gobierno mexicano señala que el 13 % de los profesores registrados en las nóminas de las escuelas no se presenta a trabajar. El gobierno tiene previsto ahora hacer un análisis exhaustivo de los datos para identificar...

Las reformas imponen una evaluación centralizada del profesorado y buscan acabar con las prácticas corruptas en el sistema educativo. Dichas prácticas incluyen la compra-venta de puestos docentes. No obstante, los sindicatos declaran que las reformas podrían llevar a numerosos despidos y las críticas también sugieren que se podría estar allanado el camino para la privatización del sistema educativo de México.

Tres mujeres están siendo investigadas por haber pedido 80 mil pesos a cuatro personas con la promesa de que les conseguirían una plaza como maestros de nivel básico. Las acusadas aceptaron haber falsificado órdenes de comisión de trabajo desde hace varios años.

En la Internet se ofrecen maestrías y doctorados, o incluso grados inferiores, en cuatro semanas y sin reconocimiento oficial. El problema viene después, cuando los estudiantes pasan su examen de admisión a la universidad, pero no pueden ingresar porque sus certificados no son reconocidos. La necesidad de estudiar es tan grande en los países latinoamericanos que la gente se deja engañar.

De manera indebida, el gobierno de Baja California destinó 91,5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Los puestos de los profesores están a la venta en México y esto ha sido así durante decenios. Aunque raramente discutida, esta práctica –iniciada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para recompensar a las personas leales al partido– está aparentemente muy difundida. Se informa que el precio de un puesto de profesor en una escuela pública primaria se sitúa entre $5.000 y $12.000, dependiendo del lugar. Los profesores que renuncia pueden vender sus puestos o pasarlos a sus hijos. En algunos casos por lo menos, los gobiernos locales y los sindicatos de profesores supervisan el proceso de compra y venta. Sin embargo, un reciente esfuerzo de reforma –la "Alianza por la calidad de la educación" (ACE)– suscrito por el gobierno y el sindicato nacional de profesores en mayo, basaría los nuevos nombramientos de los profesores en el mérito, mediante un examen administrado por un órgano independiente. No sorprende que este acuerdo haya generado una respuesta vociferante de la base. En muchos estados los profesores se han declarado en huelga, marchando hacia las oficinas del gobierno, cerrando escuelas y bloqueando calles.