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El proyecto de ley de universidades se enfrenta a la oposición de los académicos, que sostienen que permite la interferencia política y compromete así la calidad de la educación. La legislación propuesta otorgaría a figuras políticas como el Ministro de Educación y el Ministro Principal de la provincia, un papel significativo en la gobernanza de las universidades, en contra de las peticiones de autonomía académica. Los críticos abogan por la autonomía académica y una junta directiva compuesta por expertos. La ley propone sustituir la Comisión de Subvenciones Universitarias por una Comisión de Educación de Alto Nivel presidida por el Ministro de Educación.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

En los últimos tres años, las sospechas de corrupción en el Departamento de Educación Universitaria de Sindh han dado lugar a investigaciones de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del ala anticorrupción de la Agencia Federal de Investigación. Los problemas incluyen máquinas biométricas sobrevaloradas, contratos cuestionables y transacciones no declaradas. Una comisión de investigación de dos miembros está estudiando las quejas de los profesores. Los casos de corrupción en el departamento de educación universitaria, incluidos los fondos para actividades como bibliotecas digitales y formación docente, siguen sin resolverse.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología chino ha publicado nuevas directrices sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en la investigación científica para mejorar la integridad científica y disminuir conductas indebidas. Las normas prohíben el uso directo de herramientas de IA generativa en las solicitudes de financiación de la investigación y exigen un etiquetado claro de los contenidos generados por IA. Las directrices abordan los retos derivados del rápido desarrollo de la IA, haciendo hincapié en la conducta responsable en la investigación.

El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha garantizado al público la transparencia y exactitud de la corrección de los exámenes Bac II. Ha aplicado controles estrictos durante el proceso de corrección, garantizando que no se permite el uso de dispositivos electrónicos y empleando medidas de seguridad supervisadas por la Unidad Anticorrupción. El Ministerio garantiza la imparcialidad mediante procesos de calificación anónimos y una doble comprobación por parte de los redactores y un subcomité. Los resultados se anunciarán en fechas concretas y se publicarán en plataformas oficiales para mantener la transparencia.

El Gobierno australiano ha introducido medidas estrictas para combatir el fraude y la explotación en el sistema de visas de estudios. Entre ellas figuran prohibir las comisiones de los agentes por el traslado de estudiantes entre instituciones, evitar que los agentes educativos posean participaciones en proveedores de educación australianos y crear una unidad de integridad dentro de la autoridad reguladora de la educación y formación profesional (EFP) para supervisar y hacer cumplir la normativa entre los proveedores de EFP, haciendo hincapié en la importancia de la asistencia de los estudiantes como indicador de riesgo.

El gobierno de Bangladesh está preparando una nueva ley para endurecer la normativa de las universidades privadas, con el fin de mejorar la transparencia y la gobernanza. Entre las enmiendas propuestas figuran la exigencia de que un tercio de los miembros del consejo de administración sean académicos, la restricción a los beneficios de los administradores y la autorización a las autoridades para nombrar observadores en las universidades que se vean afectadas por cualquier situación. El proyecto de ley también incorpora células de garantía de calidad para mantener la calidad educativa, haciendo hincapié en la necesidad de una mejor gobernanza en medio de la preocupación por la corrupción y las irregularidades en la enseñanza superior privada.

El Ministerio de Educación y Cultura indonesio ha revocado 31 licencias de enseñanza superior privada tras constatar que las instituciones no cumplían con las normas exigidas en cuanto a instalaciones y número de estudiantes, que la enseñanza era deficiente y que había habido denuncias de materias ficticias y emisión fraudulenta de diplomas. El Ministerio ayudará a los estudiantes de los centros afectados a trasladarse a centros acreditados. Los profesores de los que se demuestre que no han participado en los planes fraudulentos recibirán la misma ayuda; de lo contrario, se los incluirá en una lista negra.