En los medios de comunicación

El Banco Asiático de Desarrollo, con sede en Manila, puso en el índice a 37 compañías que violaron el código anticorrupción del banco. La prohibición de transacciones puede extenderse hasta por 10 años. El banco no reveló las identidades de las empresas suspendidas. El banco suspendió las transacciones con 34 empresas por un período de uno a siete años, y con otras tres por 10 años. Catorce personas fueron suspendidas indefinidamente y 17 por períodos que van de uno a siete años.

El Ministerio de Educación organizó una campaña para instar a los padres de familia de las escuelas públicas y privadas a unirse con el gobierno para luchar contra la corrupción. El ministerio lanzó nuevos modelos para la educación preventiva contra el soborno y la corrupción (GCPETE), que se utilizarán en las escuelas públicas para integrar las lecciones de lucha contra el soborno y la corrupción en la educación en valores de la escuelas primarias.

A medida que las escuelas y las universidades pasan a la enseñanza en línea, el nuevo software Turnitin Originality, se diseñó para apoyar la integridad académica, proporcionando herramientas a los estudiantes para autocontrolarse y autocorregirse, y para que los profesores pueden identificar e intervenir en las posibles malas conductas. Al revisar los trabajos presentados, Turnitin Originality comprueba si el trabajo es similar a otro texto conocido, o si hay indicios que no fue escrito por el estudiante. Esta información puede facilitar las conversaciones entre instructores y estudiantes sobre cómo descubrir y expresar sus voces auténticas.

Durante una audiencia en el Senado sobre los cambios en la carta magna de Filipinas, los expertos en educación expresaron su preocupación por los posibles riesgos relacionados con la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera. Un asesor educativo destacó la reputación del país en cuanto a fábricas de diplomas, advirtiendo que podría atraer a universidades extranjeras de baja calidad en lugar de a instituciones prestigiosas. A pesar de los debates sobre la Resolución de ambas Cámaras (RBH 6), que propone la apertura de la enseñanza superior a la propiedad extranjera, persiste la preocupación por la regulación de las instituciones por debajo de los estándares de calidad y la posible comercialización de la educación.

Las imágenes de estudiantes con los llamados "sombreros antitrampas" durante los exámenes universitarios se han hecho virales en las redes sociales en Filipinas. Para garantizar la integridad y la honestidad de una manera divertida durante los exámenes, un profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Bicol pidió a los estudiantes que crearan algo para usar en la cabeza que bloqueara la capacidad de ver las respuestas de sus compañeros. La idea resultó eficaz y se puso en práctica en los recientes exámenes parciales a los que se presentaron cientos de estudiantes de la facultad en octubre.

Se pidió al Departamento de Educación (DepEd) que rindiera cuentas en los casos de corrupción que condujeron a la presunta venta de ordenadores portátiles a precios muy bajos en tiendas minoristas y en línea. La Alliance of Concerned Teachers (ACT) de Filipinas afirmó que el DepEd no pagó al contratista por la gestión y distribución de ordenadores portátiles por valor de miles de millones de pesos a las escuelas públicas, lo que provocó que los subcontratistas vendieran los artículos a tiendas de excedentes para recuperar sus inversiones. ACT solicitó un informe sobre la utilización de fondos por parte del DepEd, y un plan concreto sobre cómo recuperar los fondos públicos y seguir realizando los proyectos.

El video explica cómo se realizan las Encuestas de Seguimiento del Gasto Público (PETS) y destaca algunos retos de su aplicación. El objetivo de las PETS es hacer un seguimiento del uso del dinero público, desde su desembolso hasta su utilización. El video toma como ejemplo el presupuesto público de la educación pública para ilustrar las PETS

La responsabilidad social se describe como el compromiso constructivo entre los ciudadanos y la utilización de los recursos públicos por parte del gobierno para mejorar la prestación de servicios, promover los derechos y aumentar el bienestar de la comunidad. De este modo, el compromiso constructivo podría ser la supervisión ciudadana, que pretende hacer un seguimiento de las acciones del gobierno.