En los medios de comunicación

Un pacto de integridad es un mecanismo de colaboración mediante el cual las entidades públicas, la sociedad civil y otras partes interesadas se comprometen a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en un proceso de contratación pública. En su calidad de supervisor independiente, una organización de la sociedad civil vela por que se respete la normativa aplicable y se aborden los riesgos de corrupción.

Un pacto de integridad puede garantizar la protección del interés público y evitar que un individuo en el poder obtenga beneficios. Se trata de acuerdos en los que gobierno, empresas y sociedad civil se comprometen a trabajar juntos. Un pacto de integridad garantiza que un contrato se adjudique conforme a la ley y a las necesidades de la población.

Esta mañana la Ministra de Educación hizo su primera aparición ante el Tribunal de Justicia de Windhoek, en el caso donde enfrenta cargos de corrupción. Será procesada bajo acusaciones de que corruptamente usó su oficina como gobernadora de Hardap en diciembre 2014, para colocar a dos de sus familiares en la lista de beneficiarios del programa urbanización masiva en Mariental.

Un informe oficial ha revelado la propagación de corrupción financiera y administrativa en el Ministerio de Educación. A petición de su Alteza el Jeque Principal, el Ministro de Educación proporcionó respuestas a las preguntas presentadas por legisladores sobre las medidas adoptadas por el Ministerio para hacerle frente a los casos de corrupción. Explicó en el informe que el gran número de casos relacionados a la falsificación de certificados educativos y la malversación de fondos públicos han sido remitidos a la Fiscalía General.

Siguiendo una directriz del Presidente de la 5ta fase del Gobierno de Tanzania, a finales del 2016, (realizados por un grupo especial presidencial) para verificar las credenciales académicas de 400,035 servidores públicos, quienes retiran salarios de las arcas del gobierno, se descubrió corrupción. La investigación reveló que 9,932 empleados públicos llegaron a sus puestos con ayuda de certificados educativos que habían sido falsificados, prestados, comprados o robados.

La organización civil llamó a que los seis aspirantes a gobernar la entidad se comprometan con acciones como depurar la nómina educativa y dar recursos a escuelas de zonas marginadas. "Los mexiquenses tienen derecho a saber qué candidatos a gobernador en su entidad están a favor de la transformación educativa y quiénes están a favor del statu quo porque les reconforta; así como qué candidatos a gobernador se comprometen con el Estado de derecho y quiénes seguirán permitiendo una serie de abusos y omisiones en la ley", señaló la organización.