En los medios de comunicación

Varios expertos en pedagogía participaron en junio de 2022 en un taller de elaboración de programas educativos sobre la lucha contra la corrupción y la buena gobernanza organizado por la Alta Autoridad para la Buena Gobernanza. El proyecto tiene por objeto inculcar comportamientos de integridad, transparencia y responsabilidad en los alumnos de enseñanza preescolar, secundaria y superior y en las escuelas de formación de funcionarios públicos.

Un informe de Human Rights Watch, reveló que durante el cierre de escuelas por el Covid-19, los gobiernos de 49 de los países más poblados del mundo violaron los derechos de los niños al aprobar y permitir la adopción generalizada de productos EdTech. Los niños fueron obligados a pagar por su aprendizaje a costa de sus derechos a la privacidad y al acceso a la información. De los 164 productos EdTech examinados, 146 (89%) controlaban los datos personales de los niños en secreto y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, tanto dentro como fuera de sus aulas virtuales y en Internet.

La Corporación del Fondo Nacional de Educación Superior (PTPTN) lanzó el Plan Institucional Anticorrupción 2022-2024 para apoyar las medidas con miras a fortalecer la gobernanza, la integridad y las medidas anticorrupción. Como organismo dependiente del Ministerio de Educación Superior, la PTPTN se compromete a apoyar los planes del gobierno para crear un entorno libre de corrupción y abuso de poder que pueda poner en peligro la imagen de la organización.

El video explica cómo funcionan los presupuestos participativos en las escuelas. El presupuesto participativo es un proceso democrático que enseña educación financiera. 

El video muestra una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) con sede en Macedonia del Norte. Estas organizaciones colaboran para combatir la corrupción y promover la buena gobernanza. La plataforma pretende desarrollar recursos materiales para mejorar los conocimientos de los ciudadanos. Las OSC pueden contribuir a abordar muchos retos sociales, al participar en debates políticos, proponer soluciones innovadoras, sostenibles e integradoras, y supervisar los resultados de los procesos de reforma a escala de beneficiarios, regional y local.

Un empleado de alto nivel del Departamento de Educación utilizó su posición para estafar $5 billones de dinero del gobierno, que debió invertirse en las escuelas públicas. Según el organismo estatal de lucha contra la corrupción IBAC, éste empleado se cubrió las espaldas por siete años, organizando facturas falsas enviadas de compañías de su propiedad, de sus amistades y familiares que no realizaron ningún trabajo.

El Ministerio de Educación ha iniciado investigaciones después que una auditoria revelara que el sistema de nómina se utilizó ilegalmente para aumentar los salarios de dos empleadas. La primera, trabajando en asuntos administrativos, recibió un bono sobre su salario de 1,500 dinares mensuales desde abril 2019 hasta abril 2020, y la segunda, trabajando en el departamento de educación privada recibió un bono de 800 dinares sobre su salario mensual desde septiembre 2019 hasta mayo 2020.

El FBI anunció que la ex Secretaria de Educación, ha sido acusada de haber usado su puesto para dar a una compañía, 1,034 pies cuadrados que le pertenecían a una escuela, a cambio de beneficios financieros. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por conspiración y soborno y hasta 20 años por fraude electrónico.

Según el Director de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ), el papel que juegan los estudiantes de educación superior en la implementación efectiva de leyes de anticorrupción; es crucial. Durante un simposio organizado por la Comisión Nacional de Educación Cívica, se hizo un llamado a los estudiantes para participar en la lucha contra la corrupción y fomentar en el país la buena gobernanza, estado de derecho, rendición de cuentas y la transparencia.

Los periodistas de PTV informan cómo los miembros de los representantes de la Cámara de Diputados de Filipinas trataron de institucionalizar las medidas de lucha contra la corrupción y de gobernanza al incluirlas en el currículo académico básico.