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Ayer dio comienzo la segunda cumbre del movimiento para la ética en la universidad y la buena gobernanza en la Universidad de Jimma. El jefe de la comisión federal en defensa de la ética y anti-corrupción declaró que las universidades deberían prestar atención a partes iguales tanto a generar como a formar graduados con ética y competentes. El responsable de la comisión añadió que la adjudicación de proyectos de construcción más importantes de las universidades, las ofertas públicas de adquisiciones, los servicios de comedores para estudiantes, etc. se deberían basar en la rendición de cuentas y la transparencia.

Un operador escolar que administra la Universidad de Ciencias de Okayama, propiedad de un amigo cercano del Primer Ministro, ha sido vinculado a una adquisición de cero-costo de una propiedad en la ciudad. Según documentos filtrados, la oficina del Primer Ministro pudiera estar involucrada. La escuela está planeando abrir un departamento veterinario en Imabari, al oeste de Japón. Un documento que se dio a conocer recientemente, manifiesta que el Primer Ministro estaba apoyando a la escuela “al más alto nivel”, a pesar que el departamento no ha recibido una aprobación gubernamental para construir en 52 años.

Según Transparencia Internacional, 66 % del dinero del gobierno de Nigeria es asignado a la educación y robado por funcionarios corruptos. La mala asignación de recursos, adquisiciones corruptas, intercambio de sexo por notas, malas prácticas en exámenes, calificaciones falsas, absentismo docente, y prácticas de contratación corrupta, son algunos de los ejemplos de los desafíos con los que se enfrenta el sistema educativo. Esto afecta la calidad de la educación, inclusión y resultados de aprendizaje, con consecuencias devastadoras para el crecimiento económico nacional.

La Oficina para el Combate y Prevención de la Corrupción (KNAB) detuvieron al delegado del Consejo de Riga City y al vicerrector de la Universidad de Latvia por aceptar un soborno de 20 000 euros. La KNAB ha descubierto información que prueba que el funcionario del estado, mientras ocupaba su puesto de Presidente Adjunto del Comité de Adquisiciones aceptó un soborno de un empresario, registrándola como una donación a una asociación.