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La condena de un directivo de una universidad no registrada supone un paso importante en las iniciativas emprendidas por Malawi para combatir las instituciones ilegales de enseñanza superior. El directivo de la universidad no registrada fue multado y se enfrenta a penas de prisión por ofrecer títulos falsos. Si bien las organizaciones de la sociedad civil ejercen presión para que haya más detenciones y consecuencias para los empleadores que reconozcan los títulos de esas instituciones, la condena subraya la importancia de la aplicación de la normativa para mantener la integridad educativa. La convocatoria para elaborar un proyecto de ley sobre la Autoridad Nacional de Calificación pretende reforzar los marcos regulatorios, pero los avances siguen siendo inciertos.

El gobierno indio ha presentado el Proyecto de Ley contra las trampas en los Exámenes Públicos para combatir la deshonestidad académica generalizada y preservar la integridad del sistema educativo. El proyecto de ley propone medidas estrictas como una mayor vigilancia, normas más estrictas para los supervisores y penas severas de hasta 10 años de cárcel por hacer trampas y una multa de 1 millón de rupias para los implicados en malas prácticas en los exámenes. Además, el proyecto de ley pretende crear un comité técnico nacional para mejorar la seguridad y la imparcialidad de los exámenes.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica

Entre 1999 y 2006, 242 graduados de la provincia oriental de Shandong, se matricularon en universidades usando la identidad y los puntajes de ingreso a la universidad de otras personas. Según los informes, docenas de personas han sido castigadas, pero en virtud de las leyes vigentes, los estudiantes no pueden ser acusados de un delito. El Congreso Nacional Popular ha recibido una propuesta para tipificar como delito el fraude en los exámenes, y el Ministerio de Educación trabajará con autoridades para investigar y responsabilizar a los estudiantes.

Según la Ley del Marco Nacional de Cualificaciones de Sudáfrica (SA), la afirmación falsa o fraudulenta de un título de educación superior es un delito penal sujeto a una pena de prisión o una multa. Presumir de tener un doctorado u otro título en LinkedIn o en la biografía de Twitter, puede ser suficiente para meterse en serios problemas. Según la nueva ley, los operadores de instituciones falsas, también se enfrentarán a penas de cárcel de hasta cinco años si afirman estar registrados como instituciones educativas en Sudáfrica o en el extranjero.