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La Universidad Ashford de San Diego y su empresa matriz, Zovio, han sido multadas con 22,37 millones de dólares por tácticas de admisión fraudulentas que dejaron a los estudiantes muy endeudados y sin título. Según el juez del Tribunal Superior de San Diego, la universidad hizo afirmaciones falsas sobre los resultados de la carrera, los costes y la ayuda financiera para atraer a estudiantes vulnerables a matricularse en los programas universitarios en línea.

Un pacto de integridad es un mecanismo de colaboración mediante el cual las entidades públicas, la sociedad civil y otras partes interesadas se comprometen a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en un proceso de contratación pública. En su calidad de supervisor independiente, una organización de la sociedad civil vela por que se respete la normativa aplicable y se aborden los riesgos de corrupción.

Un pacto de integridad puede garantizar la protección del interés público y evitar que un individuo en el poder obtenga beneficios. Se trata de acuerdos en los que gobierno, empresas y sociedad civil se comprometen a trabajar juntos. Un pacto de integridad garantiza que un contrato se adjudique conforme a la ley y a las necesidades de la población.

La Infraestructura Nacional del Conocimiento de China (CNKI), una base de datos de revistas académicas, periódicos y trabajos de investigación, ha perdido una batalla legal por infracción de derechos de autor, después que un profesor jubilado de historia económica la acusara de subir más de 160 de sus artículos sin permiso ni pago. El Tribunal de Propiedad Intelectual de Pekín ha obligado a la plataforma académica a retirar sus artículos y a pagarle más de 700,000 CNY (110,000 dólares) en concepto de indemnización.

Los servicios de trampas académicas en línea que ofrecen hacer trabajos por menos de 100 dólares australianos se dirigen a los estudiantes internacionales de Australia que realizan cursos de formación profesional en universidades privadas, incluidos los que no requieren asistencia a clase. Según la ley introducida en septiembre de 2020, los proveedores que se encuentren vendiendo o anunciando servicios de engaño por contrato, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión y una multa de hasta 110,000 dólares. Los proveedores de educación superior instan al gobierno federal a ampliar esta legislación al sector de la Formación Profesional.

Tras la rápida transición a la entrega digital que muchas instituciones han tenido que afrontar, ha habido un aumento de los servicios en línea que ayudan a los estudiantes a hacer trampa. Una simple búsqueda en Google del término "ayuda para tareas" arrojó 279 millones de resultados a mediados de junio de 2020 y 302 millones a principios de 2021. En Australia, para ayudar a combatir el problema, el Gobierno ha aprobado una ley que tipifica como delito la prestación o la publicidad de servicios de engaño académico en la enseñanza superior, y ha publicado un conjunto de herramientas de integridad académica