En 1999, el ministro de educación federal australiano anunció la creación de una Agencia Australiana de la Calidad de las Universidades (Australian Universities Quality Agency, AUQA). Su misión es auditar las universidades y las instituciones no universitarias. Se ha criticado a la AUQA de "ocuparse sólo de los procesos y no de los resultados" o de que "sólo observa los procesos destinados a lograr la calidad y no la calidad misma". En 2006, la AUQA comisionó un análisis independiente de sus actividades.

El Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) y las universidades de Australia emprendieron la revisión del Código para una Investigación Responsable. El código se propone orientar a las instituciones y los investigadores para que efectúen prácticas de investigación responsables. Abarca temas tales como la gestión de datos y materiales, la publicación y difusión de resultados; la atribución; los procesos de revision por los pares y los conflictos de intereses.

Según el estudio "Las universidades ficticias, títulos imaginarios - Suecia y el mundo", se ha detectado un aumento en el número de solicitantes de empleo sorprendidos intentando hacer pasar títulos falsos como auténticos, con más de 30 casos reportados en los últimos dos años. Según la Agencia Nacional para la Educación Superior, hay más de 800 universidades falsas basadas en la Web. El estudio recomienda el uso de una base de datos digital que los empleadores puedan acceder para verificar las cualificaciones del solicitante, proyecto en el que Australia ya está trabajando.

la necesidad de vender más cursos a estudiantes extranjeros está poniendo en situación de riesgo la reputación de las universidades y la educación se está privatizando lentamente. Para reemplazar la carencia de ingresos debido a la disminución de las asignaciones públicas, las universidades permiten la existencia de alumnos privados, especialmente del exterior, para que compren plazas. Los derechos de escolaridad de los estudiantes extranjeros pueden representar hasta dos quintos del presupuesto de las universidades.