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Cuatro funcionarios del Departamento de Educación de Cabo Oriental y un empresario se enfrentan a cargos de corrupción, fraude, robo e infracción de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas por 59 millones de rands destinados a libros de texto. Bajo el pretexto de que las escuelas contaban con recursos suficientes para libros de texto, decidieron, sin permiso del Tesoro Nacional, que el 80% del presupuesto se desviara y se utilizara para la adquisición de material de recursos complementarios, principalmente equipos informáticos y fotocopiadoras.

Como resultado del brote del COVID-19, no se pudo proceder con el proyecto para construir una escuela de formación técnica y vocacional de vanguardia, de 866 millones de ZAR (60 millones de dólares) en una de las ciudades más pobres de Africa del Sur. El proyecto fue detenido por el Ministro de Educación Superior, pero el dinero no se ha regresado al Tesoro Nacional ni contabilizado de acuerdo a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas.

Universidades y colegios de negocios están batallando con los estudios de ética que enseñan a profesionales y futuros profesionales. Esto tras descubrimientos abrumadores de capturas del estado involucrando a contadores, auditores y consultores de importantes compañías internacionales. El decano de la Facultad de Comercio, Derecho y Administración de la Universidad de Witwatersrand, dijo que toda crisis ofrece una oportunidad. “Ha habido mucho debate entre el equipo de altos ejecutivos… estamos trabajando con dos economistas (internacionales), para desarrollar contexto en el plan de economía, contribuyendo con temas de poder… para que los estudiantes piensen en sistemas económicos con una perspectiva histórica”.